Por Clase

El CTCP señala que para evaluar cómo afecta el COVID-19 a los estados financieros de 2019 se debe consultar la sección 32 del Estándar para Pymes, que explica que los hechos posteriores son aquellos que tienen lugar entre el cierre de los estados financieros y su fecha de autorización. Existen dos tipos de hechos posteriores, a saber: los ajustables y los no ajustables.

Si la situación existía a la fecha de cierre, se considera un hecho ajustable, que requiere que se modifiquen las cifras de los estados financieros. Si, por el contrario, la situación no existía a la fecha de cierre, entonces podrá clasificarse como un hecho no ajustable que exige que se realicen revelaciones en los estados financieros si el hecho es material, salvo que la hipótesis de negocio en marcha ya no sea aplicable.

Si la entidad ya había autorizado sus estados financieros para el momento en que empezaron a verse los primeros impactos del COVID-19, entonces no deberá realizar ningún ajuste en sus informes. Si, por el contrario, la entidad no había autorizado sus estados financieros para ese momento, entonces deberá evaluar si es necesario que realice revelaciones al respecto o que considere una base distinta para la preparación de sus estados financieros.

A través del Decreto 500 de 2020, el Ministerio del Trabajo estableció que las administradoras de riesgos laborales de carácter público deberán dar aplicación a lo previsto en el Decreto 488 de 2020, en lo que concierne a la destinación de determinados porcentajes de las cotizaciones para la implementación de medidas de promoción y prevención del COVID-19 para aquellos trabajadores que, por sus labores, se encuentran directamente expuestos al contagio de la enfermedad.

Dian expide la Resolución 000040 de 2020, a través de la cual se flexibilizan transitoriamente algunas disposiciones para la obtención del RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generado por la propagación del COVID-19.

Así, dicha resolución establece que, cuando la inscripción en el RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia obligados a cumplir deberes formales y los prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA (de los que tratan el artículo 326 y el parágrafo 2 del artículo 437 del Estatuto Tributario –ET–) se realice a través de apoderado, podrán aportar en copia simple los documentos previstos en los numerales 5 y 11 del artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, en el idioma original, sin necesidad de apostilla ni traducción oficial.

Como parte de las medidas que ha tomado la entidad en el marco de la emergencia sanitaria, y entendiendo la actual situación de contingencia en que se encuentra el país para prevenir y contener el COVID-19, la Superintendencia de Industria y Comercio extiende hasta el 3 de julio de 2020 el plazo para actualizar la información contenida en el Registro Nacional de base de Datos –RNBD–.

A través de la Resolución 0853 de 2020, el Ministerio del Trabajo definió los requisitos y pautas que deberán seguir los trabajadores y las cajas de compensación familiar para la entrega de los beneficios del mecanismo de protección al cesante, con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

La Superintendencia Financiera de Colombia, con ocasión de lo dispuesto a través del Decreto 488 de 2020, por medio del cual se autoriza el retiro parcial de cesantías para aquellos trabajadores que han visto disminuidos sus ingresos por la contingencia del COVID-19, expidió la Circular Externa 013 de 2020 con la que determina el procedimiento para que los trabajadores puedan proceder a la solicitud y retiro parcial de sus cesantías ante fondos privados.

Por la cual la Superfinanciera brinda instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan a las entidades financieras definir e informar períodos de gracia o prórrogas en beneficio de los consumidores financieros, las cuales habían sido autorizadas por medio de la Circular Externa 007 de 2020, a causa de la emergencia sanitaria decretada a causa del coronavirus (COVID-19).

Dian expide la Resolución 000030 de 2020, a través de la cual adopta medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la entidad en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.

Dicha resolución, además, establece la suspensión de la totalidad de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los procesos disciplinarios, así como los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria.

A través de la Circular 27 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó la prohibición para empleadores de coaccionar (obligar) a sus trabajadores a tomar licencias no remuneradas con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social por el COVID-19.

A través del Decreto Ley 492 de 2020 el Gobierno nacional adoptó medidas que permitan optimizar el uso del capital de entidades financieras de propiedad estatal, transfiriendo recursos al Fondo Nacional de Garantías, para que respalde la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener activas las relaciones crediticias y financiar a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas naturales, que han dejado de percibir ingresos por su condición de trabajadores independientes o por desempleo.

Así pues, la propiedad de todas las empresas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollen actividades conexas al servicio financiero, que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional, y que estén registradas a nombre de ministerios, departamentos administrativos y demás entidades del orden nacional, quedarán registradas y vinculadas a nombre de la nación – Ministerio de Hacienda.

Una vez efectuado el registro, el¬ Ministerio de Hacienda podrá aportar como capital de la empresa Grupo Bicentenario S. A. S. la propiedad accionaria de todas las entidades financieras que hagan parte de la rama ejecutiva del orden nacional a su valor intrínseco.

A través de la Circular Externa 2020-00005 de 2020, la Superintendencia de Subsidio Familiar imparte instrucciones a las cajas de compensación familiar, referentes a la entrega de los beneficios del mecanismo de protección al cesante, de conformidad con lo previsto en el Decreto 488 de 2020, el cual modifica de manera temporal los requisitos de entrega de dichos beneficios con ocasión del estado de emergencia decretado por el COVID-19.

A través del Decreto 488 de 2020, el Ministerio del Trabajo determina las medidas que podrán adoptar los trabajadores, empleadores, fondos de cesantías, administradoras de riesgos laborales, entre otros, para la conservación del empleo y los ingresos mensuales de los trabajadores.

Entre dichas medidas se encuentran: el retiro parcial y mensual de cesantías en fondos privados, el aviso de disfrute de vacaciones a los trabajadores con al menos un (1) día de anticipación y el otorgamiento de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a través del mecanismo de protección al cesante.