Por Clase

Debido a la coyuntura ocasionada por la reciente emergencia sanitaria y otros choques externos, la Superfinanciera requiere que las entidades vigiladas prioricen sus esfuerzos para mantener la estabilidad del sistema financiero y la confianza del público.

Por lo tanto, la Superfinanciera dispuso medidas de carácter transitorio tendientes a que las entidades vigiladas velen prioritariamente por garantizar la continuidad de la prestación de los servicios financieros al público, entre ellas, la de posponer el envío de ciertos informes, como el de los resultados de las pruebas de resistencia que incluye las proyecciones a 2021, 2022 y 2023.

Como estrategia de prevención ante la propagación del coronavirus (COVID-19) en Colombia, la Superintendencia de Sociedades emitió la presente circular para difundir las instrucciones y recomendaciones dirigidas a los supervisados frente al desarrollo de reuniones del máximo órgano social.

Así, a partir de lo estipulado en el Decreto 398 de 2020, la Supersociedades reiteró la alternativa de reuniones no presenciales para efectos de dar cumplimiento a la obligación legal de realizar reuniones ordinarias del máximo órgano social al menos una vez al año (ver artículos 181 y 422 del código de comercio). De acuerdo con la Superintendencia, esta metodología podrá utilizarse siempre y cuando se cuente con el número de participantes no presenciales necesarios para deliberar en cumplimiento con lo determinado en la ley o los estatutos, y si, además, se aplican correctamente las reglas en materia de convocatoria, quorum y mayorías previstas en la ley o los estatutos.

Debido a la coyuntura ocasionada por la reciente emergencia sanitaria y otros choques externos causados por el COVID-19, la Superfinanciera adopta medidas para garantizar la adecuada prestación del servicio en un entorno altamente digital.

Entre las medidas se encuentra la de establecer el deber de mantener la prestación del servicio en las oficinas, siempre y cuando las condiciones así lo permitan. Así mismo, el deber de informar al público los canales disponibles para la prestación del servicio, garantizando su continuidad.

A la vez, se definió como práctica abusiva de los establecimientos de crédito el aumento del costo o tarifa de las transacciones realizadas a través de canales no presenciales durante los próximos 120 días.

Por medio del cual se adopta el procedimiento interno de los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario contra los contadores públicos y las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, y se deroga la Resolución 000-0667 de 2015.

Por medio de la cual, la Junta Central de Contadores –JCC– suspende, entre el 17 y el 27 de marzo de 2020, los términos de sus actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional promulgada con la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, a raíz del COVID-19.

Como parte de las medidas que se han tomado en la entidad en el marco de la emergencia sanitaria, y entendiendo la actual situación de contingencia en que se encuentra el país para prevenir y contener el COVID-19, la Superintendencia de Sociedades tomó la determinación de modificar el calendario para la presentación de los estados financieros de las empresas con corte al 31 de diciembre de 2019.
De esta forma, la presentación de estados financieros prevista para iniciarse el próximo 30 de marzo se iniciará desde el martes 14 de abril hasta el martes 12 de mayo, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la empresa sin el número de verificación.

A través de la Circular 0021 de 2020, el Ministerio del Trabajo define los lineamientos que deben ser considerados por los empleadores con el fin de proteger el empleo y la actividad productiva frente al estado de emergencia decretado por el Gobierno nacional con ocasión de la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

Entre dichos lineamientos se encuentra la adopción de medidas como el trabajo en casa; teletrabajo; jornada laboral flexible; vacaciones anuales, anticipadas y colectivas; permisos remunerados; y salario sin prestación del servicio.

Lo anterior, con el propósito de evitar la propagación y contagio del COVID-19 por aglomeraciones en el servicio de transporte público, sitios de trabajo y hogares de los trabajadores, entre otros.

A través del Decreto 401 de 2020, el Ministerio de Hacienda modificó el calendario tributario aplicable por el año en curso, el cual había sido implementado mediante el Decreto 2345 de diciembre 23 de 2019.

Lo anterior, con el propósito de incorporar los plazos para el pago del impuesto al patrimonio, la normalización tributaria y el anticipo a la sobretasa del impuesto de renta para las instituciones financieras, de acuerdo con las indicaciones señaladas por la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019. Así mismo, a razón de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, también denominado coronavirus, el decreto prorroga las fechas para el pago del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2019, así como los plazos para el pago del IVA correspondiente al bimestre marzo – abril y el cuatrimestre enero – abril de 2020, para los contribuyentes del sector hotelero y quienes su actividad económica principal sean: 9006 “actividades teatrales”, 9007 “actividades de espectáculos musicales en vivió” y 9008 “otras actividades de espectáculo en vivo”.

A través del Decreto 411 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció medidas transitorias con respecto al régimen de las zonas francas, a razón de la emergencia sanitaria relacionada con el coronavirus (COVID-19).

El decreto establece que el usuario operador de la zona franca podrá autorizar a los empleados de esta zona, así como a los usuarios calificados o autorizados, para que realicen su labor fuera del área declarada como zona franca permanente o permanente especial, bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia, que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa.

Como medida preventiva ante la rápida propagación del coronavirus (COVID-19) en Colombia, la Superintendencia de Sociedades declaró la suspensión de términos para la ejecución de los procesos judiciales de procedimientos mercantiles y de procedimientos de insolvencia que se tramitan actualmente ante la entidad.

Esta medida transitoria operará entre el 17 y el 22 de marzo de 2020 para los procesos que se adelanten en las sedes de Bogotá y las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades.

A raíz de la alerta de seguridad sanitaria emitida por la rápida expansión del coronavirus (COVID-19) en Colombia, la Superintendencia de Sociedades estableció el protocolo para la realización de audiencias que deban ser desarrolladas en las diferentes sedes de la entidad.

De acuerdo con la circular en comento el protocolo adoptado consiste, entre otras disposiciones, en restringir el acceso a los espacios de atención al público cuando las personas presenten afecciones respiratorias o fiebre; ubicar a los asistentes a las audiencias de manera que haya cuatro sillas de distancia entre los asistentes ubicados en una misma fila y se deje una fila de asientos sin ocupar para que los asistentes no se ubiquen nunca detrás de otros; y, además, en cada sala deberán estar las personas que sean estrictamente necesarias, si estas son más de 15 se dispondrá otra sala con los mecanismos necesarios para su participación.

A través del Decreto 398 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adicionó al Decreto 1074 de 2015 un capítulo mediante el cual establece los lineamientos que deberán seguir las sociedades comerciales y propiedades horizontales para llevar a cabo la asamblea o junta ordinaria anual de manera virtual.
Lo anterior, con el propósito de permitir que dichas personas jurídicas adelanten las reuniones anuales a las que se encuentran obligadas a realizar en los primeros meses del año por medios no presenciales, es decir, de forma virtual. Esto, debido al estado de emergencia que actualmente atraviesa el país con ocasión a la propagación del coronavirus COVID-19, ante lo cual se emitió el mandato por parte del Gobierno nacional de suspender las reuniones físicas y que conlleven la concentración de más de diez (10) personas.