Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El director de la Agencia Jurídica del Estado y el superintendente financiero afirman que el Estado no tiene la culpa de los millones de pesos que los colombianos perdieron durante el auge de las pirámides. También alertan sobre el paso de este flagelo a plataformas virtuales.
A finales del mes de junio, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó un conjunto de demandas en las que 73.611 personas pretendían responsabilizar a la Nación por los dineros que los ciudadanos perdieron en captadoras ilegales.
La cifra representa la serie de demandas acumuladas y presentadas desde el 2009. Al respecto de esta, todas buscaban la reparación por 20 billones de pesos a víctimas de captadoras como DMG y Proyecciones DRFE, entre otras, y que alegaban que hubo omisión de parte de las autoridades estatales porque, en su criterio, debieron evitar estas acciones.
El director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, al respecto, le dijo a los medios que:
“(…) estas personas tenían pretensiones acumuladas por una cifra cercana a los 20 billones de pesos. La decisión niega las pretensiones de los demandantes y encuentra que la Nación no tiene responsabilidad alguna porque existe el principio de libertad económica y las personas tienen responsabilidad sobre el uso de sus propios recursos”.
Desde el juzgado se dijo que no se le puede atribuir la culpa al Estado al considerar que en todo momento y una vez descubierto el fenómeno, empezó a alertar a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad.
Asimismo, concluyó que fueron los demandantes quienes, atraídos por un negocio sin precedentes en el país y bajo la promesa de unos altos rendimientos, asumieron el riesgo y el daño que sufrieron.
Finalmente, el Estado demostró que los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor con total diligencia, contrario a lo que sucedió con los ciudadanos que no tuvieron el debido cuidado con su patrimonio.
De igual forma, Vélez señaló que:
«(…) se han presentado 564 demandas contra la Superfinanciera desde 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, de las cuales 220 ya tienen fallo de primera instancia a favor de la Nación y 50 en segunda instancia».
Por su parte, el superintendente financiero, Jorge Castaño, ha dicho que el fenómeno de las captadoras ilegales en el país se ha trasladado a escenarios virtuales, lo cual ha llevado a la entidad a hacer 20 advertencias sobre tipos de negocios que pudieren parecer fraudes o esquemas piramidales.
En el mes de mayo, la entidad hizo un llamado de advertencia a los ciudadanos por estas firmas que se promocionan a través de internet o volantes publicitarios como vigiladas por este organismo sin serlo, lo que constituye otra modalidad a través de la cual los ciudadanos pueden ser engañados.
«Con el fin de generar confusión, en algunos casos estas firmas no vigiladas emplean nombres similares o el número de NIT de sociedades reconocidas, e incluso denominaciones propias de las entidades que sí están bajo la inspección, vigilancia y control de esta superintendencia», explica Castaño.
Las empresas no vigiladas son: Presta Ya, Credivisa, Financréditos, Colcréditos, Corporación Financiera SAS, Macrofinanciera, Créditos Efectivos, Multifinanciera Colombiana y Extracrédito. Para el caso de Créditos Efectivos, se encontró un formato de solicitud de crédito en el que anuncia falsamente estar vigilada por la entidad.
«Los esquemas piramidales constituyen una de las modalidades de captación o recaudo no autorizadas de recursos del público en forma masiva. Cabe recordar que las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de este organismo de supervisión son las que se encuentran en la lista general de entidades vigiladas por la Superfinanciera», recordó Castaño.
El superintendente financiero, Gerardo Hernández, ha dicho que la entidad adelanta una cruzada para advertir a los colombianos sobre la peligrosidad de las pirámides captadoras de dinero. “Seguimos trabajando en advertirle y educar a las personas sobre los efectos negativos de estos supuestos mecanismos de inversión que son pirámides y por lo tanto adelantamos una campaña denominada «De eso tan bueno no dan tanto»”.
Sobre esta campaña, su objetivo es frenar la captación ilegal de recursos en el país. “Lo cierto es que estas cosas siempre terminan mal e inclusive los inversionistas pueden tener responsabilidades de orden penal”, agrega.
Otra recomendación de los entes de control es tener precaución con los avisos electrónicos. Estos pretenden “hacer que las personas consignen en cuentas bancarias o que paguen con tarjeta de crédito, y muy rápidamente cerrar el sitio de internet”, dijo Hernández.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
