Hace muchísimo tiempo sostuvimos que la intervención tributaria se convertiría en el dolor de cabeza de los revisores fiscales. Ahora que es así, ya es tarde.
Igual nos sucedió con las advertencias sobre las entidades con participación del Estado que hoy son causa de desgracia.
En el último siglo, el derecho a la información ha ganado prioridad en la lucha contra la corrupción y la realización de actividades delictivas clandestinas; ello implica el suministro de más datos a las autoridades y al público, sin que pueda oponerse el derecho a la intimidad.
Para Hernando Bermúdez, la confianza en los informes, reportes, opiniones o dictámenes realizados por el contador público se esfuma si se advierte que los trabajos no se han hecho como se debiera, sea en el plano ético o en el profesional. Conoce otros detalles en esta opinión.
La cuestión de la imposición sobre las transacciones realizadas por medios electrónicos está presente en todas las jurisdicciones con la complicación de que cada una de ellas quiere cobrar. Sin embargo, un sistema de impuestos siempre debe promover el desarrollo y no reducirlo.
Acceder a un buen flujo de información sobre el contexto en el que se mueven las empresas es vital para el correcto funcionamiento de un negocio. En esa medida el contador público debe ser uno de los ejes clave a la hora de informar a las empresas lo que pasa en el mundo de los negocios.
Se corrige a muchísimos que piensan que los ingresos y gastos operacionales corresponden a los pertenecientes a la actividad principal.
En una institución educativa que acostumbra a cobrar sus emolumentos por anticipado, los intereses que se reciben sobre las sumas recaudadas son partidas esenciales en el presupuesto.
El Decreto reglamentario 253 de 2022 le da preponderancia a sectores de la economía que no son básicos para todas las personas en el territorio nacional. La norma contraría el interés público consagrado en la Constitución, ya que olvida sectores económicos como el transporte y el turismo.
Al respecto de los programas de contaduría pública en el país, si una institución de educación superior no hace inversiones grandes en sistemas de información, en recursos bibliográficos y en escenarios de puesta en práctica o experimentación, no estará ofreciendo nada que lo distinga de los demás.
El procedimiento de facturación electrónica es complejo y costoso. De manera que supone un aumento de la carga tributaria. Para nosotros la buena fe no existe, no se respeta, en materia tributaria. En esta se parte de la base de que cualquiera, si se le deja, se convertirá en un evasor.
Con la esperanza de mejorar su posición, remuneración y beneficios, los jóvenes trabajan en exceso y toleran todo tipo de exigencias y tratamientos. En realidad, son explotados y su dignidad es desconocida. Se les dice que estudien lo que quieran, pero se les impone mucha carga laboral.
De acuerdo con Hernando Bermúdez, en lo referente al lavado de activos, la capacidad de penetración de quienes hacen actividades ilegales es muy grande. Hay una injusticia que actualmente recae sobre los revisores fiscales colombianos, pues todos debieran ayudar en lo que está a su alcance.
Las concepciones obsoletas de lo contable, a las que nos referimos en el número anterior de Contrapartida, forman parte de la cultura contable, apoyada por los respectivos profesionales durante muchos años. Decir que es algo cultural explica por qué así piensan las autoridades administrativas, los jueces que en la realidad han copiado a dichas autoridades, […]