Mes: julio 2017

La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que las penalidades establecidas en relación con los desistimientos de los contratos, serán las que las partes hayan acordado de manera clara en el correspondiente convenio. En caso de tratarse de contratos considerados como de adhesión, deberá garantizarse que se suministre al consumidor la información suficiente que le permita la toma de la decisión. Así mismo, cabe recordar que dentro de las relaciones de consumo es posible pactar penalidades por arrepentimiento entre quienes contratan, siempre y cuando se observen las normas que regulan lo relacionado con las cláusulas prohibidas y las cláusulas abusivas. A su vez, la valoración de si una cláusula es abusiva o no, se dará dentro de un proceso que así lo determine y no mediante un concepto, pues este último, no constituye un medio viable para pronunciarse al respecto.

Con el fin de unificar criterios de interpretación y absolver consultas relacionadas con las medidas adoptadas por el Decreto 731 de 2017 respecto al tratamiento tributario especial para algunos bienes producidos o comercializados en Mocoa, Putumayo, para estimular la demanda interna, contrarrestar los posibles impactos directos sobre la inflación e incrementar el consumo local de los bienes que se producen o comercializan en la zona, la DIAN expidió el Concepto general 013092 del 14 de julio de 2017 con el cual aclara: en qué consiste la exención transitoria del IVA y a cuáles bienes aplica; las condiciones para su aplicación; los efectos del incumplimiento de estas condiciones y la vigencia de la misma. Asimismo, precisa, respecto a la exención para los insumos adquiridos por las fuerzas militares, el tratamiento y aplicación de la tarifa del 0% del impuesto de renta para personas jurídicas, el tratamiento de la retención en la fuente y de la autorretención a título del impuesto de renta para los años 2017 y 2018, entre otros.

El CTCP señala que el reconocimiento de pérdidas por deterioro en los libros e informes financieros de propósito general no significa que la entidad no pueda seguir efectuando el cobro de la cuenta y los intereses corrientes y de mora que se generan cuando una entidad incurre en mora en el pago de sus obligaciones. En este caso, los responsables de la preparación y presentación de los estados financieros de propósito general deberán evaluar, con fundamento en información objetiva, las probabilidades de cobro de las cuentas por cobrar y reconocer en los libros y estados financieros las estimaciones de las pérdidas por deterioro o la baja en cuentas de estas partidas. Por otra parte, si la entidad que está incumpliendo con sus obligaciones se encuentra en liquidación y traslada a un tercero dichas obligaciones, serán los responsables de los estados financieros los encargados de determinar el importe recuperable de las cuentas por cobrar.

Con las Leyes 1839, 1840 y 1841 de julio de este año, Colombia agrega a la legislación nacional nuevos instrumentos internacionales.

Continúa, a nivel nacional, la gira del taller práctico Paso a paso para la elaboración de declaración de renta de personas naturales año gravable 2016 y la estrategia tributaria para las declaraciones de 2017, el cual es dictado por Juan Carlos Giraldo Garay y tiene una duración de 8 horas. Todavía tiene tiempo para asegurar su cupo.

La Superintendencia de Sociedades estableció que todas las decisiones que tome el accionista único en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y/o legales deben documentarse en un acta elaborada con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 189 del Código de Comercio.

El MinTIC- y la Comisión de Regulación de Comunicaciones informaron que entre agosto de 2015 y mayo de 2017, se han registrado 49,6 millones de equipos celulares en Colombia a través del IMEI y fueron bloqueados 4,6 millones por no registro.

El CTCP precisa que los revisores fiscales no pueden prestar asesorías en temas propios de la ciencia contable, como lo es la implementación de los nuevos marcos técnicos normativos en la misma empresa que fiscaliza.

Mediante comunicación del 3 de mayo de 2017 la Confederación de Cámaras de Comercios –Confecámaras– informó a la Superintendencia de Industria y Comercio que en desarrollo del proyecto liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo objeto es implementar la ventanilla única empresarial como mecanismo para facilitar los trámites virtuales de creación, operación, liquidación y fortalecimiento de empresas, se acordó incluir en el formulario RUES la información necesaria para la inscripción en el sistema de seguridad social de las nuevas unidades productivas que en la actualidad se adelanta ante los ministerios de trabajo y salud, de tal forma que este trámite se realice a través de las cámaras de comercio; igualmente, por sugerencia del CTCP y de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia «Compra Eficiente», se consideró pertinente incluir la información de los marcos técnicos normativos relacionada con los grupos a que pertenecen las distintas empresas. Por lo anterior, atendiendo a los cambios sugeridos por las entidades señaladas, la Superintendencia de Industria y Comercio modificó el anexo 4.1 (Formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES) de la Circular única que entrará a regir el 1 de agosto de 2017.

El dictamen hace parte integral de los estados financieros certificados, y, como tal, una responsabilidad que el revisor fiscal debe cumplir en el período para el cual fue nombrado. Ahora bien, cabe señalar que un revisor fiscal nombrado para una vigencia no puede dictaminar estados financieros de vigencias anteriores.

El literal b) del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 autoriza a las asambleas departamentales para establecer tributos, tales como estampillas, tasas o sobretasas a contratos, obras públicas, interventorías, concesiones o demás que sean de competencia del orden departamental, para lo cual deberá fijar mediante ordenanza los elementos del tributo, entre estos, las tarifas, sujetos pasivos, hechos generadores y demás aspectos necesarios para su administración y recaudo.

La Ley 1819 de 2016 modificó el impuesto de alumbrado público, manteniendo la facultad otorgada a los entes territoriales de establecerlo, pero adicionando la facultad de cobrarlo a través de una sobretasa al impuesto predial.