El CTCP precisa que suscribir un contrato de colaboración entre un contador público y una persona jurídica con el objeto de realizar encargos de auditoría, revisión, servicios relacionados, y otros trabajos de aseguramiento (servicios contables), solo sería posible si la persona jurídica quién factura al cliente y presta apoyo en materia fiscal, tiene un registro ante la Junta Central de Contadores, ya sea como sociedad de contadores públicos o persona jurídica prestadora de servicios contables.
El Ministerio de Hacienda señala que el arrendamiento de bienes inmuebles propios, de una persona natural o jurídica que no tenga naturaleza mercantil, no está gravado con el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de sociedades mercantiles, al estar dentro de su objeto social, si estará gravado con el impuesto de industria y comercio, al constituirse dicha actividad de arrendamiento en actividad comercial. Si el objeto social de la sociedad es exclusivamente comercial, la sociedad solo tiene capacidad para ejercer actos comerciales, a menos que ellos fueran accesorios de su actividad principal, caso en el cual el acto civil se convertiría en acto de comercio por mandato expreso del artículo 21 del Código de Comercio
El CTCP señala que las relaciones de inversión en una entidad de tamaño grande, deben ser con entidades extranjeras que deban aplicar el marco técnico normativo pleno, para que la entidad nacional deba pertenecer al grupo 1.
En el marco de la obligación de garantía, los consumidores tienen derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla y, en caso de repetirse, podrá obtener a su elección una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o el cambio del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas. Cabe señalar que la garantía, en términos generales, supone la existencia de una relación de consumo en virtud de la cual un consumidor adquiere un bien o servicio a un productor o proveedor. Dicho bien, debe presentar uno o varios defectos o fallas de calidad, idoneidad o seguridad durante el término de garantía para que surja la obligación de responder por parte del productor o proveedor.
El Ministerio de Hacienda precisa que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios señalada en el artículo 345 de la ley antes mencionada, de forma tal que los contribuyentes conozcan las reglas de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo anticipado. Por otra parte, cabe señalar que si la ley definió expresamente todos los elementos sustantivos del impuesto como en Industria y Comercio, las modificaciones definidas en nuevas leyes aplicarán en virtud de está sin que requiera adopción en la norma municipal, a menos que en el acuerdo municipal la actividad goce de tratamiento de exención o exclusión concedido de manera particular y expresa por el concejo municipal.
El trabajador debe gozar de sus permisos sindicales sin que su remuneración se vea afectada por la solicitud de los mismos, pues, si bien es cierto que no se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa, o ejerciendo funciones de representación, sí se encuentra trabajando en la creación y/o modificación del pliego de peticiones de la organización sindical. Por lo anterior, no es posible realizar descuentos en la nómina de los trabajadores que ya contaban con un derecho adquirido y gozaban del principio de confianza legítima, entendido este como aquellas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a otro en razón de un comportamiento específico que produzcan resultados uniformes en un ambiente de confianza, que únicamente puede ser quebrantada para dar paso al interés público, de ahí que los trabajadores que gozan con el permiso sindical deben recibir junto a este sus respectivos pagos compensatorios.
En esta cartilla describimos las generalidades de los pasivos, pasivos financieros, obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento, provisiones y contingencias, y beneficios a empleados, así como lo referente a los instrumentos de patrimonio. También hemos dispuesto de una zona web que incluye un diplomado relacionado con el tema.
Mediante la presente se precisa que, en cuanto a las correcciones voluntarias, el contribuyente está facultado para modificar los rubros inicialmente declarados y rehacer su declaración. De igual manera, se indica que en las correcciones provocadas se restringen dichas facultades a la aceptación total o parcial de las glosas planteadas.
La expectativa es que el Emisor mantenga la tasa de interés estable, es decir, en 4,75 %, para llevar el índice de precios al consumidor al rango que se tiene como meta en 2018.
El Ministerio de Hacienda señala que cuando el contribuyente del impuesto predial unificado paga el valor correspondiente al impuesto del bien privado, está al mismo tiempo cumpliendo la obligación tributaria respecto de los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporción al coeficiente de copropiedad que le corresponda de acuerdo con la escritura pública de propiedad horizontal, en consecuencia, no hay un doble pago por parte del contribuyente, por tanto no debe existir un cobro por concepto del impuesto sobre el bien privado y otro cobro por concepto de impuesto sobre los bienes comunes del edificio; únicamente habrá lugar al cobro del impuesto sobre el bien privado, en el cual se incorpora el correspondiente al de áreas comunes.
Respecto a si un contribuyente se rehúsa a pagar el impuesto bajo el argumento de que los avisos no están instalados en el lugar en el que realizan su actividad industrial, el Ministerio de Hacienda señala que de acuerdo con el literal k) del artículo 1 de la ley 97 de 1913 y a los pronunciamientos jurisprudenciales, la colocación de avisos que causa el impuesto, no está supeditada a que coincida con el lugar en el que se encuentra ubicada la sede fabril. Es decir, el hecho de que los avisos se encuentren ubicados en lugares distintos al de la sede fabril, no lo excluye del hecho generador el impuesto complementario de avisos y tableros.
El ministro de agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, junto a representantes de nueve centrales de abastos del país presentaron el acuerdo de congelación de precios de los alimentos para esta temporada decembrina.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
