Auditoría y Revisoría Fiscal

Toda actuación que vaya en contra de las funciones establecidas para el revisor fiscal en el Código de Comercio y en los estatutos de la copropiedad en cuanto a la toma de decisiones y/o uso de recursos económicos de la copropiedad, materializa una coadministración, caso en el cual, se deberán adelantar las gestiones en materia disciplinaria en contra de este profesional.

La actuación del revisor fiscal suplente solo puede darse ante ausencias temporales o definitivas debidamente comprobadas del titular del cargo, entendiéndose “el titular a cargo” como aquel revisor fiscal responsable de firmar los diferentes compromisos e informes propios de su cargo. El revisor fiscal suplente puede trabajar en el grupo de auditoría del revisor fiscal principal, pues esta situación no reviste ningún tipo de inhabilidad.

El dictamen hace parte integral de los estados financieros certificados, y, como tal, una responsabilidad que el revisor fiscal debe cumplir en el período para el cual fue nombrado. Ahora bien, cabe señalar que un revisor fiscal nombrado para una vigencia no puede dictaminar estados financieros de vigencias anteriores.

Las funciones del revisor fiscal están especificadas en el artículo 207 del Código de Comercio, y las del contador en los artículos 1, 2, 8, 10 y 35 de la Ley 43 de 1990.

Por medio del cual se modifica parcialmente el anexo 4, marco técnico de las Normas de Aseguramiento de la Información, del Decreto 2420 de 2015, modificado por el Anexo 4.1 del Decreto 2132 de 2016.

Referente a si el revisor fiscal de una sociedad puede ordenar al asistente contable agregar o modificar registros contables de la información que el está fiscalizando, el CTCP señala que este tipo de actuaciones va en contra de las funciones establecidas en la ley, por lo cual se materializaría una coadministración por parte de este profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la Contaduría Pública compilado en el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, cuando el contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones.

Cuando el revisor fiscal no asista a las reuniones programadas por el Consejo de Administración, corresponde a este último definir el procedimiento a seguir respecto de dicha situación, el cual deberá estar acorde con los términos del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la copropiedad y el revisor fiscal, y con las disposiciones expuestas en el reglamento de la propiedad horizontal sobre este caso particular.

Es responsabilidad del revisor fiscal informar de una manera oportuna y clara a todos los miembros de la dirección de la organización acerca de aquellas debilidades del sistema de control interno y de las posibles irregularidades detectadas dentro de su labor de auditoría, a fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. Dicha responsabilidad no puede verse afectada por la firma de acuerdos de confidencialidad, los cuales pueden afectar su independencia y objetividad.

Las empresas industriales y comerciales del Estado no están obligadas a tener revisor fiscal en los términos del artículo 203 del Código de Comercio, pero si están sujetas al control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 142 de 1994. Es importante tener en cuenta que dicho control se debe ejercer sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista. De acuerdo con lo anterior, el control se debe aplicar sobre la documentación que soporta los actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal, y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios. Por otra parte, cabe precisar que las prestadoras de servicios públicos cuya naturaleza jurídica sea «sociedades por acciones», si están obligadas a llevar revisoría fiscal, pues estas se rigen por lo establecido en el Código de Comercio.

En el proceso de empalme de revisores fiscales, el revisor fiscal entrante debe observar lo establecido en los numerales 6 y 9 de la NIA 510, y recibir como mínimo copia de las comunicaciones enviadas a la gerencia y de los informes emitidos durante el último período por parte del revisor fiscal saliente. De no ser suministrada esta información, será la administración la encargada de suministrarla.

Es responsabilidad del revisor fiscal saliente dejar en regla todos los temas relacionados con su gestión hasta la fecha en la cual haya ejercido el cargo. Por ejemplo, si el contrato del revisor fiscal finalizó en marzo de 2017, este deberá realizar el trabajo de revisión respecto de los estados financieros de 2016, a fin de generar una opinión acerca de los mismos y firmar los correspondientes estados financieros en debida forma.