Por Clase

Ministerio de Hacienda expide el Decreto 1205 de 2020, mediante el cual reglamenta el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020, en relación con la suscripción de acuerdos de pago parcial por parte de las entidades recobrantes y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –Adres–, durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud.

Dicho decreto tiene como propósito establecer los requisitos, plazos y condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago parcial, así como también establecer las disposiciones en torno al reintegro en caso de presentarse un excedente en el valor girado por la nación con respecto al monto girado por la Adres a las entidades cobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud.

A través del Concepto 40875 de 2020, el Ministerio del Trabajo realizó una serie de precisiones referentes a la cotización de aportes al sistema de seguridad social para trabajadores independientes, según lo previsto en el Decreto 1273 de 2018 que permitía la cotización por días.

A través del Concepto 32517 de 2020, el Ministerio del Trabajo realizó una serie de precisiones frente a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 558 de 2020 que permitió la reducción del 13 % de los aportes al sistema de pensiones por los meses de abril y mayo y ordenó el traslado de los pensionados en el régimen privado con mesadas pensionales de un (1) salario mínimo mensual legal vigente a Colpensiones.

Teniendo en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, a través de la Sentencia C-481 de 2019, surte efectos a partir del 1 de enero de 2020 y no afecta las situaciones jurídicas consolidadas, el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario –ET–, sobre rentas de trabajo exentas en el caso de magistrados de tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales, está derogado por el año gravable 2019.

Por lo tanto, la Dian precisó que la adición del numeral 7 del artículo 206 del ET mencionado por parte del artículo 32 de la Ley 2010 de 2019 solamente es aplicable a partir del período gravable 2020 y, en esa medida, las disposiciones del Decreto 359 de 2020, por el cual se emitieron novedades reglamentarias en cuanto a retención en la fuente para personas naturales, no es aplicable para el año gravable 2019.

En la Sentencia T-362 de agosto 31 de 2020, la Corte Constitucional hizo referencia al caso de la terminación del contrato por críticas al empleador.

A través del Concepto 680 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– realiza una serie de precisiones referentes a la condonación de intereses por mora, sanciones o penalidades por el no pago o pago atrasado de cuotas de administración en una propiedad horizontal durante la emergencia decretada a causa del COVID-19, según lo previsto en el Decreto Legislativo 579 de 2020.

A través de la Resolución 100-005405 de 2020, la Superintendencia de Sociedades adopta los manuales de usuario para gestionar procesos y trámites de insolvencia por medio de mecanismos digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación –TIC–.

La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020 en la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 18,35 % EA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, sobre procedimiento tributario territorial, el legislador facultó expresamente a los departamentos y municipios para disminuir el monto de las sanciones conforme a la naturaleza de sus tributos, de manera que pueden ajustar las sanciones incorporadas en el ET disminuyéndolas en proporción al monto de los impuestos que ellos administran.

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda señaló que la sanción mínima establecida en el artículo 639 del ET es susceptible de ser disminuida por parte de las entidades territoriales para adecuarla de manera proporcional al monto de los tributos por ellas recaudados. En todo caso, precisó la entidad, la facultad mencionada debe ser desplegada por intermedio de la corporación administrativa respectiva, mediante ordenanza o acuerdo, según el caso.

A través del Decreto 1174 de 2020, el Ministerio del Trabajo reglamentó el piso de protección social para aquellos trabajadores dependientes o independientes que devenguen menos de un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

Este piso de protección tiene como finalidad permitir que estos trabajadores accedan al sistema general de seguridad social mediante el sistema de salud en el régimen subsidiado, al servicio social de beneficios económicos y periódicos
–BEPS– para el acceso a una pensión, y a un seguro inclusivo para la protección de riesgos derivados de la actividad laboral.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expide el Decreto 1166 de 2020, mediante el cual reglamenta el impuesto con destinación al turismo, señalado en el artículo 4 de la Ley 1101 de 2006 y modificado por el artículo 128 de la Ley 2010 de 2019.

Dicho decreto establece que el impuesto nacional con destino al turismo como inversión social se causa por la compra de tiquetes aéreos de pasajeros en transporte aéreo de tráfico internacional, cuyo viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior.

Este impuesto será cobrado en el momento en que el pasajero compre el tiquete aéreo de tráfico internacional, cuyo viaje incluya el territorio colombiano y su origen sea el exterior, y tendrá un valor de USD 15, o su equivalente en pesos colombianos, el cual será determinado conforme con la tasa representativa del mercado –TRM– vigente al momento de la compra del tiquete aéreo.

Las empresas que presten de manera regular el servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros tendrán la obligación de informar el valor de este impuesto al momento de la venta del tiquete.

A través de la Resolución 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección prorroga la emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia por el COVID-19. A su vez, establece las directrices referentes a las medidas que deberán adoptarse para la prevención y control de la propagación del virus.

Entre dichas medidas se encuentran evitar los eventos de carácter público y privado que impliquen la concurrencia de más de 50 personas, así como la adecuación de una cultura de prevención por parte de las autoridades administrativas y la ciudadanía.