Por Clase

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública infiere que las directrices para la consolidación de los estados financieros de una entidad que aplica el anexo 2 del DUR 2420 de 2015 son las contenidas en la sección 9 del Estándar para Pymes.

Para el reconocimiento de los impuestos corrientes y diferidos que se originan por diferencias entre las bases contables y fiscales, deberá atenderse lo dispuesto en los anexos 1 y 2 del DUR 2420 de 2015. Cuando se trate de una entidad que aplica las normas del anexo 1, se considerará lo establecido en la NIC 12 – Impuestos a las ganancias y en la CINIIF 23 – Incertidumbre frente a los tratamientos de los impuestos a las ganancias.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las funciones del revisor fiscal se encuentran descritas en el Código de Comercio, y la obligatoriedad de tener esta figura de control se encuentra definida en la Ley 43 de 1990 y en el Código de Comercio.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– infiere que para fijar los honorarios del revisor fiscal se deben analizar los costos de las horas de dedicación de los profesionales involucrados en el trabajo, ya sean especialistas o ejecutantes, y tener en cuenta cada uno de los demás factores, a fin de fijar los honorarios acordes con la labor que se contrata.

Con el propósito de continuar fortaleciendo la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad de las entidades vigiladas, la Superintendencia Financiera de Colombia informa los aspectos relacionados con los mecanismos que promocionan la colaboración en la gestión de incidentes cibernéticos.

Los obligados a expedir factura electrónica de venta se encuentran en el proceso de implementación de las tecnologías para el cumplimiento de la obligación. Para ello es necesario culminar las actividades que permitan la interacción e interoperabilidad que requiere el servicio informático de factura electrónica.
Por lo anterior, la Dian expidió la Resolución 000064 de octubre 1 de 2019, mediante la cual modificó la fecha máxima para que los obligados inicien la expedición de la factura electrónica de venta dispuesta en los calendarios de implementación establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la Resolución 000020 del año en curso. Así, por ejemplo, los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que deban cumplir con lo indicado para los grupos 1, 2, 3 y 4 del calendario del numeral 1 de la presente norma podrán contar con tres meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar la expedición de la factura electrónica de venta. Los obligados que deban cumplir, entre otras precisiones, con lo indicado en el numeral 1 para los grupos 5 al 14 podrán contar con dos meses adicionales.

La evaluación de las inhabilidades tiene el propósito de asegurar la idoneidad del profesional para desempeñar las funciones con las cuales va a comprometerse. El CTCP estipula que son siete (7) las inhabilidades que debe evaluar un profesional contable para ejercer el cargo de revisor fiscal en una copropiedad.
En la presente doctrina también se relacionan las amenazas que pueden presentarse para un contador público independiente que dictamina información financiera en calidad de revisor fiscal, dentro de las cuales se destacan el interés propio, la autorrevisión, la abogacía y la familiaridad.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, reitera que, con base en los marcos constitucionales y legales, su función no podrá inmiscuirse en asuntos o decisiones que tome la Superintendencia o un juez de concurso en procesos de liquidación actualmente en curso. Lo anterior, puesto que atender a una pregunta de un particular que se encuentra en tal situación podría estar por fuera de sus competencias, teniendo en cuenta que dichos asuntos deben ser resueltos dentro del trámite de insolvencia en curso, ante la jurisdicción correspondiente.
La entidad en mención aclara que en caso de asesorar o intervenir en asuntos que haya de conocer en ejercicio de facultades jurisdiccionales o administrativas, se incurriría en una falta a la independencia o imparcialidad.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 30 de septiembre de 2019 la Resolución 1293, por medio de la cual certifica el interés bancario corriente para el siguiente período, comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2019, en la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Con la presente resolución se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19,10 %, presentando una variación de 22 puntos con relación a la certificación del período anterior, y siendo la tasa de usura para el mismo lapso de tiempo de 28,65 %.
El interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder en 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 28,65 % EA para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Para efectos tributarios es importante tener presente que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. En consecuencia, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante octubre de 2019 es de 26,65 %.

El hecho que un contador público sea el revisor fiscal de la sociedad limitada, y que también actué como contador de otra entidad que es propiedad de los mismos socios, o en el que los socios son participes, puede generar amenazas de interés propio, autorrevisión e intimidación que afectan el cumplimiento de los principios de ética.

El artículo 125 del Decreto 2150 de 1995 establece que el Gobierno nacional determinará una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos de propiedad industrial, independientemente de si la decisión que adopte la administración resulta favorable o no para las pretensiones del solicitante.
El MinCIT emite, entonces, la Resolución 50576 de 2019, en la cual fija las tasas de tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial y detalla las tasas de propiedad industrial atadas a solicitudes nacionales e internacionales, en compañía de las tasas de signos distintivos. En la resolución también se aclara que el valor de las tasas deberá ser cancelado previo a la radicación de la respectiva solicitud. La norma en cuestión rige a partir del 1° de enero de 2020.

Mediante la Resolución 000059 de 2019, la Dian reglamenta el Decreto 1370 de 2019, y prescribe el formulario 500 especial para las operaciones de importación al territorio aduanero nacional de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca.
Con el fin de que la implementación del formulario 500 especial no genere traumatismos en las operaciones de zona franca con destino al territorio aduanero nacional, la Dian expidió la Resolución 000062 de 2019, donde señala un período de transición. Este período se extiende hasta el 24 de octubre para la presentación de la declaración especial de importación en forma consolidada de las salidas de mercancías de zona franca que se realicen entre el 1 y 24 de octubre de 2019.