Día: 2 de marzo de 2015

El proceso ejecutivo es la forma más idónea para que un acreedor pueda satisfacer su derecho de crédito; sin embargo, para su procedencia se requiere que la obligación que se reclama al deudor sea clara, expresa y actualmente exigible, entre otros requisitos que ha fijado la ley y la jurisprudencia.

En concordancia con lo establecido en el artículo 471 del Código de Comercio, una sucursal de una sociedad extranjera no puede transformarse en una sociedad mercantil colombiana, dado que la sucursal extranjera carece de personería jurídica y esta sólo constituyen una extensión de la sociedad extranjera, es decir, se debe asociar o interpretar no como una sociedad mercantil, sino como un establecimiento comercial que se instala en el país con la finalidad de desarrollar total o parcialmente el objeto social de la matriz; las sucursales tienen algunas obligaciones que adquieren por el hecho de su incorporación, así como la obligación de ceñirse en lo pertinente por las normas de la liquidación de las sociedades por acciones.

El embargo de un inmueble no implica el cese de las actividades comerciales que se deriven de éste, pero los ingresos obtenidos deben ser consignados al juzgado correspondiente.

Contrato de seguro por daño Es un contrato de seguro, en el cual la cosa asegurada no es una persona, sino un bien o elementos patrimoniales; por tanto, cubren al asegurado de posibles accidentes o hechos que afecten los bienes o los elementos patrimoniales de la persona que suscribe el seguro, con la aseguradora. Los […]

Para las personas naturales y jurídicas que desean realizar su inscripción o renovación al Registro Único de Proponentes -RUP, se han determinado una serie de certificaciones que deben presentar ante la Cámara de Comercio correspondiente, entre dichas certificaciones se encuentra la acreditación de los aportes a la seguridad social y parafiscales, a continuación se presenta un modelo para las personas que desean acceder a dicho registro.

Las cámaras de comercio son una persona jurídica, de naturaleza privada, que por delegación legal ejercen funciones públicas, por medio de las cuales se ejecutan fines constitucionales de promoción del incentivo general del empresario y/o comerciante.

Comprende un derecho innominado, debido a que no se encuentra explícitamente dentro de la Constitución Política; no obstante, la jurisprudencia ha definido que es un principio constitucional que corresponde al derecho de la dignidad humana, sobre el que se establece el estado social de derecho que sirve de fundamento al derecho al Mínimo Vital, cuyo objeto es garantizar las condiciones materiales más elementales, que requiere una persona para poder asegurar su subsistencia.

En las copropiedades, los módulos de contribución en las copropiedades son los índices utilizados para establecer la participación porcentual de los propietarios de bienes privados en las expensas generadas por el uso y goce de los bienes o servicios comunes de una parte o sector de la edificación. Para lo anterior y por expresa disposición de la ley, se deberá establecer en el reglamento de la propiedad horizontal de los edificios mencionados anteriormente, la sectorización de los bienes y servicios comunales que no estén destinados al uso y goce general de los propietarios de las unidades privadas.

Con la finalidad de garantizar los derechos de toda la población, el Gobierno durante los últimos años ha propendido por desarrollar políticas que incentiven la inclusión de toda la población colombiana al sistema de seguridad social integral.

Los consorcios son una unión de personas, que no posee personería jurídica; por ello, si un trabajador labora en las actividades propias de dicho convenio, las obligaciones laborales que se deriven es de las personas jurídicas o naturales que conformaron el contrato de colaboración empresarial denominado Consorcio, nunca el Consorcio mismo.