El contrato de compraventa de un establecimiento comercial es viable jurídicamente, si las partes cumplen con unas solemnidades legales. Además, su uso no se limita para formalizar el intercambio de mercancías por un precio, sino, también conlleva la cesión del local comercial, entre otros aspectos.
Es importante tener en cuenta que la administración pública responde a intereses de carácter general, por tanto los derechos laborales, tales como, la asociación sindical no pueden afectar a los usuarios de los servicios ni a comunidades en general que son beneficiarias de la administración estatal.
Los accionistas morosos en el pago de sus obligaciones adquiridas con respecto a la inversión en la sociedad, pierden los beneficios que se deriven de dicha relación; por tanto, no habrá lugar al pago de dividendos para aquellos que se encuentren en mora.
Los profesores del sector privado, en la mayoría de los casos laboran menos de 12 meses al año, pero tienen derecho a que su salud y pensión, al igual que cesantías y vacaciones, se cancelen como si los hubieran trabajado, al igual que se les puede descontar su aporte habitual, por todo ese tiempo. Respecto a la prima de servicios, ésta sí se paga sobre el tiempo real laborado.
La conciliación laboral es una figura legal que tiene como objeto tratar de resolver un conflicto. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de acuerdo, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Es un mecanismo legal que puede ejecutar el tenedor de un Título Valor, el cual es el beneficiario del efecto cambiario ahí contenido, para los casos en los que:
Los títulos valores se pueden entender como contratos, debido a que constituyen un acuerdo, que tienen determinados sus componentes y su finalidad; un título valor se puede definir:
La proporción de empleados extranjeros en Colombia, se encontraba reglamentada en los artículos 74 y 75 del Código Sustantivo del Trabajo, en los que se determinaba que para todo empleador que tuviera a su servicio más de diez (10) trabajadores debería ocupar una proporción no inferior al noventa por ciento (90%) de colombianos con respecto al total de trabajadores ordinarios, y no menos del ochenta por ciento (80%) del personal calificado o de especialistas o de dirección o confianza.