En la Sentencia SC-3179 del 28 de julio de 2021 la Corte Suprema de Justicia hace un breve análisis sobre el régimen de protección de software e inteligencia artificial.
En la Sentencia SL-4167 del 14 de julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia indica que las entidades administradoras deben tener sumo cuidado con los reportes de cotizaciones que emiten, pues ello se plasma en actos administrativos que por disposición normativa se presumen legales.
Mediante la Sentencia SL2955 de 2021, la Corte Suprema de Justicia recordó la técnica jurisprudencial del “haz de indicios” como criterio que refleja los rasgos más comunes para determinar la existencia de una relación de trabajo subordinada, de acuerdo con la Recomendación 198 de la OIT.
La Corte Constitucional estudió una demanda en contra del artículo 4 de la Ley 2010 del 2019. Dicho artículo adicionó el artículo 437 del Estatuto Tributario consagrando que las declaraciones de IVA sin pago total presentadas por parte de los prestadores de servicios del exterior serían ineficaces.
La demanda acusaba a la sanción mencionada de vulnerar los principios de igualdad y equidad tributaria consagrados en el artículo 13, en el numeral 9 del artículo 95 y en el artículo 363 de la Constitución Política.
La Corte no halló fundados los argumentos de la demanda y declaró exequible dicha sanción luego de aplicar un juicio integrado de igualdad de intensidad leve. De dicho examen concluyó que la medida prevista por la expresión acusada se ajusta a la Constitución Política porque persigue finalidades que no están prohibidas constitucionalmente y es adecuada para alcanzar las finalidades identificadas.
En la Sentencia SL-3144 del 9 de junio de 2021, la Corte Suprema de Justicia reiteró que la transacción constituye un acto jurídico mediante el cual las partes de manera anormal y extrajudicial ponen fin al litigio luego de realizar concesiones mutuas y recíprocas.
La Corte expidió la Sentencia C-170 de 2021, mediante la cual declaró constitucional el acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre cooperación financiera, así como la Ley 2031 de 2020 por medio de la cual el Congreso de la República dispuso su aprobación.
Corte Constitucional expide la Sentencia C-161 de 2021, mediante la cual declara inconstitucional que la exención tributaria para el desarrollo del campo colombiano se circunscribiera a las sociedades constituidas después de la vigencia de la Ley 1943 de 2018.
La Corte explicó que el trato tributario diferenciado entre las sociedades cuyo objeto es el desarrollo de ciertas actividades agropecuarias expresamente previstas en la ley, dividiéndolas según la fecha de su constitución (antes o después del 28 de diciembre de 2018 como fecha de entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018), no se ajustaba a la carta política.
En la Sentencia SU-149 de mayo 21 de 2021, la Corte Constitucional hizo referencia a que la acreditación de un mínimo de convivencia para obtener la pensión de sobrevivientes también es exigible al (a la) cónyuge o compañero(a) permanente de los (las) afiliados(as).
Mediante la Sentencia SL1765 de 2021, la Corte Suprema de Justicia estableció las pautas que deben tenerse en cuenta para terminar con justa causa el contrato con un trabajador que adquiera el estatus de pensionado.
Mediante la Sentencia 25153 de 2021, el Consejo de Estado se pronunció sobre el caso en el retiro de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso, se encuentra gravado con el impuesto a las ventas.
La Corte Constitucional concluye que al teletrabajo le es aplicable el tope de la jornada máxima laboral semanal definida en la ley, de suerte que cualquier prestación del servicio que se haga por fuera de dicho término, más allá de la flexibilidad que se admite para distribuir el tiempo de trabajo, debe ser objeto de reconocimiento y pago. También aclaró que la figura del teletrabajo es distinta al trabajo en casa, adoptado con ocasión de la pandemia del COVID-19.
Mediante la Sentencia SL1287 del 14 de abril de 2021, la Corte Suprema de Justicia estableció las circunstancias de hecho para que la violación de la cláusula de exclusividad en los contratos de trabajo pueda constituir una justa causa de despido.