Por Clase

Mediante el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022) se facultó al Gobierno nacional para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Por lo anterior, la entidad en mención expide el Decreto 2106 de 2019, el cual, a través de sus 158 artículos, efectuó modificaciones a múltiples leyes anteriores que regulan trámites de todo tipo en que participan entidades estatales.
Por tanto, a través de los artículos del 42 al 53, el Decreto Ley 2106 de noviembre 22 de 2019 terminó modificando 12 normas del Estatuto Tributario –ET–, relacionadas con normas sustantivas del impuesto de renta o de procedimiento tributario.

Mediante el Concepto 28625 de noviembre de 2019, la Dian interpreta lo estipulado en el artículo 579-2 concluyendo que, si por fallas en los Servicios informáticos electrónicos –SIE– el contribuyente queda impedido para presentar virtualmente su declaración, y adicionalmente tampoco se le permite ni siquiera la elaboración del formulario 490 para efectuar por lo menos el pago en forma oportuna, el contribuyente sí podrá quedar exonerado tanto de la sanción de extemporaneidad como de la liquidación de intereses de mora.
Finalmente, la contingencia en los servicios informáticos electrónicos no puede alterar la carga de los contribuyentes.

A través del Concepto 28570 de noviembre 18 de 2019, la Dian se refiere a la calidad de agente de retención cuando dentro de las transacciones intervienen pasarelas de pago o cuando el pago se realiza directamente a través de tarjetas de débito o crédito.

Al respecto, en esta doctrina se reitera el contenido del artículo 1.3.2.1.8 del DUT 1625 de 2016 con relación a que los pagos realizados con tarjetas de débito o crédito se encuentran sujetos a una retención del 1,5 %, la cual deberá ser practicada por las entidades emisoras de dichas tarjetas. Ahora bien, cuando la operación se realiza por internet e interviene una pasarela de pagos, la entidad emisora de la tarjeta realiza la retención a dicha pasarela sin desconocer la relación contractual que hay entre la pasarela de pagos y el vendedor. En consonancia con lo anterior, la entidad emisora de las tarjetas no queda eximida de expedir el certificado de retenciones correspondiente a nombre de la pasarela de pagos por ser la titular de la cuenta destino.

Cabe indicar que el beneficiario final de tal retención es el vendedor o destinatario del ingreso, pues la pasarela de pagos transferirá al comercio el valor de la venta una vez se haya disminuido la respectiva retención. La pasarela de pagos no debe emitir un nuevo certificado de retenciones, sino una certificación indicando los ingresos recibidos como mandataria y las retenciones que le fueron practicadas.

A través de la sesión 313 del 20 de agosto de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior redujo el arancel al cero por ciento (0%) de forma permanente para las subpartidas arancelarias 8509.90.00.10, 8516.90.00.10 y 8539.90.10.00, por las que se clasifican insumos de los sectores de línea blanca y pequeños electrodomésticos no producidos en el país. Por lo tanto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2074 para oficializar dichas recomendaciones, estableciendo un arancel del 0 % para la importación de insumos para electrodomésticos. Cabe resaltar que, esta norma entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1° de los decretos 2153 del 2016.

El CTCP reitera que la revisoría fiscal puede ser desempeñada por las sociedades de contadores públicos, siempre y cuando estas se encuentren inscritas ante la Junta Central de Contadores –JCC–. Al respecto, cabe resaltar que será necesario el nombramiento de un contador público para cada revisoría fiscal.

La Superintendencia Financiera informa que el permiso especial de permanencia, así como el pasaporte venezolano vencido que tenga el sello de ingreso y permanencia otorgado por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, y cuyo vencimiento no exceda los dos (2) años, tienen plena validez como identificación. Por lo tanto, deben ser admitidos para la contratación y apertura de productos y/o servicios financieros en las entidades supervisadas en Colombia.

A través de la sesión 313 del 20 de agosto de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó la reducción arancelaria a cero por ciento (0%) para los vehículos propulsados con motor eléctrico, y a cinco por ciento (5%) para los vehículos con funcionamiento exclusivo con gas natural. Por lo tanto, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2051 para oficializar dichas recomendaciones y, a su vez, desdoblar la subpartida arancelaria 8701.20.00.00. Cabe resaltar que esta norma entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1 de los decretos 2153 de 2016, deroga el artículo 1 del Decreto 1116 de 2017 y modifica en lo pertinente sus artículos 3 y 5.

Superintendencia Financiera Carta Circular 81 Noviembre 13 de 2019 La Superintendencia Financiera de Colombia informa que la rentabilidad de octubre de 2019 que se debe tener en cuenta para el traslado de los recursos pensionales del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad es del 0,62 % efectivo […]

La Superintendencia Financiera informa la rentabilidad mínima obligatoria al 31 de octubre de 2019 de los portafolios de corto y largo plazo de los fondos de cesantías, y la de los tipos de fondos de pensiones obligatorias.

El 13 de noviembre de 2019, por medio de la Sentencia C-533, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008. Al respecto, cabe resaltar que dicho decreto establece el procedimiento de intervención administrativa mediante el cual se suspenden las actividades relacionadas con la captación masiva e ilegal de dineros del público a través de pirámides, tarjetas prepago, entre otras operaciones no autorizadas por el Estado. En su artículo 5 se estableció que la Superintendencia de Sociedades podría realizar la intervención del patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de las entidades objeto de intervención.
Atendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2019 la Corte Constitucional aclaró que los contadores y revisores fiscales que hubieran procedido de buena fe, y en el ámbito de sus actividades licitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Supersociedades.

Mediante la Ley 1901 de 2018, se creó la condición legal de las sociedades de beneficio e interés colectivo –BIC–, la cual puede ser adoptada por cualquier tipo de sociedad que quiera ajustar sus prácticas laborales, sociales y ambientales en procura del interés de la sociedad y del medioambiente, además de en beneficio de sus accionistas.
En la presente reglamentación se estipulan algunos incentivos, como tasas preferenciales en el registro de marcas y acceso a líneas de créditos especiales, así como beneficios tributarios para las empresas que les otorguen acciones a sus trabajadores. La norma, a su vez, faculta a la Superintendencia de Sociedades para que ejerza la supervisión de las empresas BIC, superintendencia que será la autoridad competente para decidir sobre las solicitudes de incumplimiento.

La Dian indica que a cada entidad le corresponde determinar a cuál de los grupos pertenece, y de esta forma establecer la fecha límite para iniciar a expedir factura electrónica de venta de acuerdo con el calendario estipulado en la Resolución 000064 de 2019.