Corte Constitucional ordenó el reconocimiento y pago excepcional de la pensión de invalidez a un afiliado, sin que cumpliera los requisitos legales exigidos.
En los procesos administrativos que se adelanten con la finalidad de acceder a la pensión, no se puede desconocer el principio de libertad probatoria, es decir, permitir la posibilidad de presentar diferentes pruebas de modo que se pueda certificar la pérdida de capacidad laboral.