Con la reforma tributaria estructural se modificó lo contemplado en el Estatuto Tributario sobre cómo debe determinarse la tasa de interés moratorio. Ante dicha situación, surgió la siguiente inquietud: ¿a partir de qué periodo debería aplicarse la nueva disposición referente a la tasa de interés?
A partir de la Ley 1819 de 2016, ¿qué tratamiento se le debe dar a los dividendos tanto para un socio como para la empresa? ¿Cuál es el manejo tributario en cuanto a los pagados en 2017 y los decretados y no pagados en el mismo año?
Resuelta 06 de julio de 2017
La liquidación provisional es aquella mediante la cual la DIAN puede determinar y liquidar obligaciones fiscales de los contribuyentes de forma provisional, su aceptación implica que las sanciones derivadas de la liquidación se reducirán en un 40% y la firmeza de la declaración será de seis meses.
Las personas naturales pueden acceder al portal de la DIAN para descargar el archivo especial de Excel con la “consulta de datos” para sus declaraciones de renta del año gravable 2016. La DIAN sigue sin revelar ciertos datos importantes y parece que no seguirá utilizando el formulario FT-TL-2239.
Con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y de los Estándares Internacionales en Colombia es imperante evaluar la pertinencia de la política que continúan aplicando algunas empresas respecto de recibir las facturas de sus proveedores hasta el día 25 de cada mes.
Con la reforma tributaria el IVA se empezó a aplicar a la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles. Sin embargo, el literal b) del artículo 420 del ET no hace referencia exclusiva a los activos intangibles considerados en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
Una persona natural del régimen común que tiene ingresos y patrimonios inferiores a las 30.000 UVT y que no tiene empleados vinculados, pero si tiene contratistas, ¿le aplica la retención del artículo 383 del Estatuto Tributario?
Resuelta 06 de julio de 2017
El artículo 1 de la Ley 1819 de 2016 modificó el régimen del impuesto sobre la renta para las personas naturales, por lo que a partir del año gravable 2017 no subsisten los sistemas del IMAN e IMAS. No obstante, por el año gravable 2016 estos dos sistemas se encontraban vigentes, y por lo mismo surten todos los efectos legales.
El Gobierno estadounidense anunció que otorgará 15.000 nuevos visados H-2B para trabajadores extranjeros, producto del daño irreparable que su ausencia podría ocasionar a empresas que dependen de inmigrantes para funcionar durante el verano.
De acuerdo con la modificación realizada al artículo 49 de la Ley 788 de 2002 por el artículo 19 de la Ley 1816 de 2016, la certificación del Dane es el instrumento prescrito por la ley para determinar la base gravable de los productos sujetos al impuesto al consumo, mas no el consagrado de manera expresa para establecer la base gravable del IVA de los bienes gravados con el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que así lo exijan. Teniendo en cuenta lo anterior, y al no encontrarse consagrada en la ley una base gravable especial del IVA para este tipo de productos, se deberá aplicar la base gravable general establecida en el artículo 447 del ET, norma que dispone que en la venta y prestación de servicios la base gravable será el valor total de la operación.
La Superintendencia Financiera de Colombia informó que a mayo de este año las deudas de los colombianos con el sistema financiero, incluidas las de las empresas, sumaron $423,2 billones, lo que significa un crecimiento anual de 2,21 %.
Respecto de las zonas comunes de una propiedad horizontal, el suscriptor de los contratos de servicios públicos es la persona jurídica constituida como consecuencia del sometimiento al régimen de propiedad horizontal, y los usuarios de los servicios que por tales contratos se prestan, serán todos los beneficiarios de la prestación del servicio público, bien sea que los mismos sean propietarios de las unidades individuales que componen la copropiedad, o que estos simplemente sean receptores directos del servicio. Así pues, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 130 y 154 de la Ley 142 de 1994, tanto el suscriptor del contrato como los usuarios del servicio que se presta en zonas comunes pueden presentar peticiones, quejas y recursos relacionados con la ejecución del contrato y la prestación del servicio, en los estrictos términos y oportunidades establecidos en el artículo 154 y siguientes de la Ley 142 de 1994, en igualdad de condiciones.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
