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Siete puntos sustentan una serie de recomendaciones emitidas por el CTCP relacionados con el proceder del Decreto 434 de 2020, de estado de emergencia por el COVID-19.

Las reflexiones sobre la conveniencia de las normas de contabilidad y de información financiera no deberían limitarse a los asuntos financieros.

Además, la posición del CTCP no investiga el efecto que podría tener una norma, parapetándose en la falta de comentarios que no ha sabido promover.

Luis Henry Moya, Leonardo Varón y Wilmar Franco, miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– comparten sus puntos de vista sobre el vínculo que existe actualmente entre los contadores y la tecnología, así como el perfil de estos de la mano de los Estándares Internacionales.

La evaluación de las inhabilidades tiene el propósito de asegurar la idoneidad del profesional para desempeñar las funciones con las cuales va a comprometerse. El CTCP estipula que son siete (7) las inhabilidades que debe evaluar un profesional contable para ejercer el cargo de revisor fiscal en una copropiedad.
En la presente doctrina también se relacionan las amenazas que pueden presentarse para un contador público independiente que dictamina información financiera en calidad de revisor fiscal, dentro de las cuales se destacan el interés propio, la autorrevisión, la abogacía y la familiaridad.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con base en lo establecido en el DUR 2420 de 2015, explicó que es permitido que las entidades de los grupos 1 y 2 hagan uso de dos (2) formatos para la presentación del estado de rendimiento o desempeño, así:
1. Presentar por separado el “estado de resultados” y el “otro resultado integral” –ORI–.
2. Presentar un único estado que unifique el estado de resultados y el ORI. Este estado unificado puede denominarse “estado del resultado integral”.
Cabe resaltar que en el caso de una entidad que utilice la base de medición del costo histórico, o que no tenga partidas que deban registrarse contra el patrimonio y presentarse en el ORI, no le sería aplicable el enfoque de un único estado, y por consiguiente deberá aplicar el enfoque de los dos estados, elaborando únicamente el estado de resultados. Finalmente, las entidades del grupo 3 solo deberán presentar un estado de resultados, y no un estado del resultado integral.

Puntos como la definición de la revisoría fiscal como actividad, cómo operarían las inhabilidades y cómo las funciones, responsabilidades (civiles y patrimoniales) y derechos de quien la ejerza, se tratan en un documento ya presentado que busca impactar el ejercicio de la revisoría fiscal en el país.

El CTCP precisa que el contador público es el responsable de la preparación de los estados financieros, y debe cumplir con las normas legales vigentes, lo que significa que en la responsabilidad de entregar la información al cierre del año deben ser tenidos en cuenta los marcos normativos vigentes, sin considerar que en los años anteriores no se hayan aplicado, pues es deber del contador velar por el cumplimiento normativo; la obligación del contador público termina hasta la fecha en que prestó sus servicios y debe ser acorde con los términos del contrato laboral o de prestación de servicios de las partes. Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 43 de 1990, el contador público puede interrumpir la prestación de servicios cuando: 1) el usuario del servicio reciba la atención de otro profesional que excluya la suya, y 2) el usuario del servicio incumpla las obligaciones convenidas con el contador público. Así pues, es claro que el no pago de honorarios por parte del cliente, es una causal para interrumpir los servicios, situación que debe darse a conocer al cliente y realizarse la entrega de documentos e información contable poseída por el contador.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública no tiene asignado entre sus funciones el elaborar las tablas de honorarios de los contadores públicos. Respecto al tema, la entidad ya se ha manifestado en diversas ocasiones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 43 de 1990, se entiende como contador público, la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de dicha ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. En consecuencia, si existe un acto administrativo, para el cual no proceden recursos, mediante el cual se suspende la inscripción del contador público, se entendería que este no cumple con los requisitos de inscripción señalados en el artículo 1 de la Ley 43 de 1990; en consecuencia, durante el período de suspensión el profesional de la contabilidad no estaría habilitado para certificar o dictaminar estados financieros de ninguna entidad.

El reconocimiento de los instrumentos financieros (créditos de la casa matriz) está descrito en la NIIF 9 y ejemplificado en la Orientación Técnica N.° 8, en armonía con el Decreto 2420 de 2015, y en otras normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Aunque los derechos y obligaciones del contador público con la empresa terminan en la fecha en que finaliza el vínculo laboral, es obligación de este dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional hasta esta fecha, sin que esto implique que tenga que responder por nuevas situaciones presentadas después de su retiro.

Respecto a si un socio de una empresa puede hacer las veces de contador de la misma, el CTCP señala que sí puede ejercer como contador público, pues la inhabilidad establecida en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990 solo aplica para el revisor fiscal.