Etiqueta: ejercicio profesional del contador público

El CTCP señala que no entregar el certificado de antecedentes disciplinarios podría representar un incumplimiento de las obligaciones del profesional contable.

La Junta Central de Contadores –JCC– expidió la Resolución 000-2564 del 30 de diciembre de 2020, mediante la cual fijó las tarifas de la vigencia 2021 para los trámites y servicios que ofrece la entidad. Conócelas a continuación.

Mediante la Resolución 000-2564 del 30 de diciembre de 2020, la Junta Central de Contadores –JCC– fijó las nuevas tarifas para la vigencia 2021 correspondientes a los trámites de inscripción por primera vez, sustitución, modificación, duplicado, expedición de tarjeta profesional de contador público y tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable.

A continuación, se relacionan dichos valores:

• Tarjeta profesional de contador público por primera vez: $341.000.
• Tarjeta de registro profesional de entidades por primera vez: $4.387.000.
• Sustitución de la matrícula profesional: $341.000.
• Modificación de la tarjeta de registro profesional: $438.000.
• Duplicado de la tarjeta profesional de contadores: $34.000.
• Duplicado de la tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios de la ciencia contable: $438.000.
• Certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios de los contadores públicos: $32.000.
• Certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios de las entidades que presten servicios de la ciencia contable: $58.000.

Las entidades del Gobierno, especialmente la Dian y los supervisores, ya no se esfuerzan en realizar la actividad probatoria, sino que exigen, para cuanta cosa se les ocurra, certificaciones suscritas por contadores públicos. No obstante, el legislador es el único facultado para exigir certificaciones.

La Junta Central de Contadores puede imponer sanciones a los contadores y a las sociedades de contadores públicos cuando incumplan las normas de la profesión.

Según la gravedad de la falta, las sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la cancelación de la inscripción profesional.

Al revisor fiscal le pueden realizar la propuesta de ocupar otros puestos dentro de la misma entidad en la cual presta sus servicios.

Para que el revisor pueda aceptar esta propuesta, debe renunciar a su cargo y esperar el tiempo señalado en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990.

El revisor fiscal que preste sus servicios en una propiedad horizontal debe observar las inhabilidades que le impone la Ley 675 de 2001, que contiene el régimen de las propiedades horizontales en Colombia.

En este editorial te explicamos cuáles son las inhabilidades que estipula esta ley.

Nuestro derecho mercantil exige la inscripción en el registro mercantil de los nombramientos de revisores fiscales. Además, el profesional contable que suscriba las declaraciones tributarias debe inscribirse en el RUT. Los registros de ambas entidades deberían fluir de forma sincronizada.

En este editorial se estudian aquellas inhabilidades derivadas de las relaciones del contador público con el usuario de sus servicios, las cuales se encuentran en normas tales como la Ley 43 de 1990 o el Código de Comercio.

Las certificaciones del contador público deben estar respaldadas en documentos y otros soportes que permitan verificar la información objeto de certificación.

Si el contador no cuenta con evidencia válida y suficiente, debe abstenerse de emitir la certificación.

Las sanciones de las que puede ser objeto el revisor fiscal por el incumplimiento de sus obligaciones pueden ser de tipo administrativo, penal, civil o disciplinario.

A continuación, realizamos un repaso normativo de cada una de estas sanciones.

La Supersociedades aclaró en el Oficio 220-009599 de 2017 si existe inhabilidad para que el accionista de una sociedad que a la vez es contador público certifique los estados financieros de la compañía en calidad de contador. En este editorial compartimos las conclusiones de la Supersociedades.