El informe permite analizar los principales resultados de una encuesta de la Supersociedades respondida por más de 6 mil empresas en todo el país.
El superintendente de sociedades, Juan Pablo Liévano, asegura que para la economía nacional es más eficiente rescatar empresas que crear nuevas. A través de pedagogía, la entidad busca desempeñar un papel más valioso que el simple rol sancionatorio; busca enseñar para el cumplimiento de la ley, generando valor.
La Supersociedades presentó el balance del semestre de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, centro especializado de resolución de conflictos societarios del país.
Desde la Supersociedades se viene trabajando en una serie de cambios para los procesos de insolvencia empresarial. El mejoramiento del marco normativo de los procedimientos de insolvencia y el régimen general de sociedades vendría de la mano con la modificación de la Ley 1116 de 2006.
Entre enero y junio de este año, la Supersociedades recibió 656 solicitudes de reorganización de personas naturales y jurídicas, según el más reciente informe de esta entidad.
Mediante la Resolución 514-000656 de julio 23 de 2019 la Supersociedades fijó el monto de la contribución para 2019 a cargo de las sociedades vigiladas y controladas que se encuentren en condiciones normales de operación, y para aquellas en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.
En diálogos con Actualícese, Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, asegura que, en este momento, el 98 % de las nuevas compañías que se crean en Colombia lo hacen bajo la figura de sociedades por acciones simplificadas, lo que es un espaldarazo para la formalización empresarial.
Respecto a si se pueden dictaminar unos estados financieros del año 2016 y abstenerse de opinar sobre los años anteriores cuando el ejercicio de revisoría fiscal se ejecutó durante el 2016, y la sociedad expresa tener solo el 2016 bajo el nuevo marco técnico normativo y no tener ESFA, la Supersociedades indica que, frente a la actuación del revisor fiscal el CTCP conceptuó que “…requiere de forma obligatoria que el revisor fiscal aplique las pruebas y procedimientos de auditoría requeridos para la obtención de evidencia sobre la razonabilidad de los estados financieros y de transición, ya que no se concibe que haya razonabilidad de los saldos finales al 31 de diciembre de 2015 (en el caso del grupo No. 1 y 3) y 31 de diciembre de 2016 (en el caso del grupo No. 2), sin la obtención de evidencia sobre los saldos iniciales de apertura (ESFA) y los movimientos del año de transición…”.
La competencia jurisdiccional para adelantar procesos concursales de que trata la Ley 1116 de 2006 puede ser de la Superintendencia de Sociedades o de algún juez civil de circuito, dependiendo de las condiciones especiales de cada concurso de acreedores, que aquí se señalan.
La Superintendencia de Sociedades estableció que todas las decisiones que tome el accionista único en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y/o legales deben documentarse en un acta elaborada con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 189 del Código de Comercio.
El no cumplimiento de la obligatoriedad consignada en el derogado numeral 7 del artículo 28 hasta la expedición de la denominada “Ley anti-tramites” acarrearía ciertos efectos jurídicos sobre los libros de contabilidad.
El Dr. Gildardo Hoyos ofrece una práctica contextualización (a partir de nuestras metodologías de enseñanza) alrededor del tema de la aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera y aborda el escenario sancionatorio que se desprende del incumplimiento de su aplicación, esto en el marco de las actividades de inspección, vigilancia y control delegadas en la Superintendencia de Sociedades.