Año: 2017

Las entidades que se consideran de naturaleza privada deberán llevar la contabilidad de conformidad con los decretos que reglamentan la Ley 1314 de 2009, es decir, el Decreto 2420 de 2015 y los que lo modifican. Sin embargo, si es de naturaleza mixta, predomina la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación.

Por la cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de impuestos, anticipos y retenciones relacionados con el impuesto de industria y comercio y complementarios del Municipio de Tunja para la vigencia fiscal 2018.

Los suministros recibidos de terceros no pueden ser reconocidos en los estados financieros de la entidad dado que no ha habido una transacción de intercambio, pero esto no significa que no puedan establecerse otro tipo de controles con el fin de separar en la bodega de la entidad los inventarios propios, de los recibidos de terceros, ni que no puedan existir otros controles para determinar las utilizaciones y existencias de estos inventarios. Ahora bien, si por la custodia y administración de estos insumos la entidad percibe algún tipo de comisión o existen contingencias de pérdidas asociadas a su manejo que podrían afectar a la entidad, se deberían reconocer los ingresos y gastos, cuando se cumplan los criterios para su reconocimiento. Adicionalmente, para efecto de control interno, la entidad podría utilizar el estándar COSO, que aunque no es un requerimiento obligatorio en la legislación colombiana, se podría tomar como un referente para su aplicación en lo relacionado con el manejo de inventario recibidos de terceros y otros asuntos.

El CTCP aclara que las ventas que se hacen a una comercializadora internacional en Colombia, no se consideran exportaciones para efectos de clasificación, según los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009.

Mediante la presente sentencia se estipula que en la liquidación de una sociedad la ausencia del fondo patrimonial, su insuficiencia, o la falta de depósito bancario pueden comprometer la responsabilidad de los liquidadores, quienes son los obligados a liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y los socios.

Los procesos de reorganización empresarial iniciados este año por la Supersociedades se constituyen en una oportunidad para las empresas que se encuentran en dificultades económicas.

De acuerdo con el artículo 474 del Código Sustantivo del Trabajo aún en el evento en que el sindicato sea disuelto, la convención colectiva sigue rigiendo los derechos y obligaciones del empleador, pues éstos han pasado a formar parte de los contratos de trabajo de quienes se beneficien de ella mientras continúen laborando en la misma empresa; pero no se podrá solicitar al empleador la aplicación de una convención suscrita por un sindicato ya liquidado a trabajadores nuevos. Sin embargo, cabe señalar que los trabajadores gozan del derecho constitucional de asociarse libremente en defensa de sus intereses, por lo que con el lleno de los requisitos legales podrán crear una nueva organización y presentar pliego de peticiones, firmar una convención colectiva o en su defecto laudo arbitral.

El 95 % de las empresas en Colombia piensan que la reforma tributaria no ha mejorado su competitividad. El aumento de la tarifa del IVA, la no inclusión de verdaderos estímulos a la inversión y el hecho de que esta no sea una verdadera reforma estructural, son algunos de los argumentos.

Alberto Redondo, director de marketing para Latinoamérica de Seres, afirma que la tarea de elegir y contratar a un proveedor de factura electrónica conlleva tiempo. Para él, la idea es apoyarse en una empresa con experiencia que brinde soporte en las dudas que vayan surgiendo a largo plazo.

Con la reforma tributaria estructural se realizaron aclaraciones al hecho generador del gravamen a los movimientos financieros; se incrementó el número de cuentas que las empresas pueden marcar como exentas de dicho gravamen y dejó de contemplarse la posibilidad de reducirlo o eliminarlo.

Las rentas provenientes de la relación laboral que se consideran exentas están consagradas en el artículo 206 del ET, al cual con la reforma tributaria se le derogó el numeral 9 y el parágrafo 4. Estas rentas podrían utilizarse en las cédulas de rentas de trabajo y de pensiones, según sea el caso.

Los responsables del régimen simplificado del impuesto nacional al consumo deben cumplir con las mismas obligaciones de aquellos que pertenecen al régimen simplificado del IVA, por eso la Dian, mediante su Oficio 012213 de 2017, indicó que los primeros tampoco están obligados a expedir facturas.