Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La NIA 720 señala las responsabilidades que debe tener en cuenta el auditor o el revisor fiscal con relación a la “otra información” incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente dictamen de auditoría.
La ISAE 3000 permite que el contador público focalice su labor en la evaluación de riesgos específicos de la entidad, y que pueda realizar pruebas selectivas para obtener evidencia suficiente y adecuada al momento de emitir su opinión de auditoría.
El programa de trabajo de auditoría constituye un esquema organizado y clasificado de la labor a ejecutar por el profesional contable, quien debe atender las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
El CTCP recordó que un contador público que haya ejercido el cargo de revisor fiscal en una entidad estaría inhabilitado para prestarles servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal.
Sobre el revisor fiscal recaen una serie de obligaciones preestablecidas en la ley, a las cuales debe dar estricto cumplimiento, so pena de ser objeto de sanciones impuestas por la Superintendencia de Sociedades. Conozca algunas disposiciones al respecto.
Desde enero 1 de 2019 son aplicables las modificaciones introducidas por el Decreto 2170 de 2017 al marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información, como, por ejemplo, la incorporación de la NIA 701. Conozca de qué se trata esta norma y cómo impacta su informe de auditoría.
El revisor fiscal, por el papel que desempeña en las organizaciones, en muchos eventos es llamado a resolver inquietudes de la asamblea, la junta de socios, la junta directiva o la gerencia. ¿Pero hasta donde podría entenderse que esta asesoría es una extralimitación de sus funciones?
El CTCP reitera que todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza que posean activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5.000 smmlv, y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a 3.000 smmlv, estarán obligadas a tener revisor fiscal.
El CTCP reitera que en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990 se establece que un revisor fiscal no podrá desempeñarse como auditor externo de manera simultánea en una misma entidad.
El CTCP reitera que el revisar fiscal que actúa como principal en 5 sociedades por acciones no puede ejercer el cargo en ninguna otra, ni como suplente en el caso de ausencia del principal.
El CTCP concluye que, el revisor fiscal no podrá ser propietario o tenedor de los bienes privados en las copropiedades de uso comercial o mixto, pero si podrá ser propietario de bienes privados en las copropiedades de uso residencial.
Cuando en los estatutos sociales no se encuentra estipulado un término dentro del cual debe hacerse el reemplazo del representante legal o revisor fiscal, los órganos sociales deberán realizar dicho reemplazo en un plazo de 30 días contados a partir de la renuncia.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
