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Para que se configure la causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación, derivado del cumplimiento de dos supuestos:
En primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.
Por lo anterior, el Consejo de Estado concluye que el riesgo puede ser directo o indirecto.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el trámite de cobro coactivo implica la preexistencia de un acto administrativo ejecutoriado que imponga la obligación de pagar una suma de dinero, en los casos previstos en la ley, a favor de la nación, de una entidad territorial o de un establecimiento público.
Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario señala que, contra el mandamiento de pago proceden 7 excepciones, dentro de las cuales la última corresponde a “la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”, por lo cual esta impide adelantar el cobro coactivo cuando la deuda que se pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos a los que el ordenamiento tributario reconoce como títulos ejecutivos.

Mediante la Sentencia 20607 de 2018, el Consejo de Estado reitera que el hecho de que mediante ley se ordene efectuar la retención en la fuente al momento de pago o abono en cuenta, no faculta a los contribuyentes para que elijan el período en que pueden deducirlas del impuesto sobre la renta, ya que estas solo se pueden detraer en el período en el que se incluya el ingreso del cual se derive.
Puesto que, aunque en los artículos 365 a 367 del ET se establece que dicha retención se efectúa sobre pagos o abonos en cuenta, ello no afecta el criterio de la anualidad respecto al impuesto de renta y la determinación del pago del impuesto por cada año gravable.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que para que los certificados expedidos por el contador público o el revisor fiscal sean válidos, deben llevar al convencimiento del hecho a demostrar y estar sujetos a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

El Consejo de Estado, mediante la Sentencia 20734 de 2018 declaró que el pago a título de canon o regalías a empresas vinculadas extranjeras sobre intangibles licenciados no siempre constituye una condición de venta de mercancías importadas y, por lo tanto, no hace parte del valor en aduanas ni deben ajustarse las sumas a pagar por concepto de tributos aduaneros.
En la presente sentencia se trae a colación la Resolución 000846 de 2003, donde se encuentran establecidos los parámetros, requisitos y reglas para adicionar al valor de transacción el precio pagado por cánones o regalías.
También se advierte que el pago es una condición de venta, cuando las ventas de las mercancías determinan que el importador deba pagar dicho canon o cuando se presente la imposibilidad de separar el pago del canon de aquel correspondiente a la venta de las mercancías importadas.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el avalúo o autoavalúo de los bienes inmuebles aceptado como costo fiscal es el que aparezca en cualquiera de las dos declaraciones (declaración del impuesto de renta y/o declaración del impuesto predial).

Mediante la presente sentencia se reiteró que para acceder a la exención del impuesto predial deben cumplirse los requisitos previstos en el Acuerdo 106 de 2003, a saber, que la actividad que desarrolle el interesado no sea con fines lucrativos y que este sea el propietario del inmueble objeto de exoneración.

El Consejo de Estado precisa que es procedente la gradualidad de la sanción por extemporaneidad en la entrega de la información. Así mismo, y a comparación de la omisión en la entrega de la información, lo cual afecta el proceso de investigación y fiscalización de la Dian, la entrega tardía de la información le genera un menor perjuicio a la misma, siempre y cuando la demora sea mínima.
De igual manera, basándose en el artículo 651 del ET, la frase “hasta el 5%” le está dando un margen a la Dian para graduar la sanción.
En la presente sentencia, el Consejo de Estado gradúa la sanción al 1%, ya que la información fue entregada en el término de la respuesta al pliego de cargos.

Mediante la presente sentencia se reiteró que el impuesto de alumbrado no grava la actividad de explotación de petróleo, puesto que el hecho imponible es el servicio de alumbrado público que se presta a toda la comunidad y el hecho generador es ser usuario potencial o directo de tal servicio.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado reitera que, la administración está obligada a notificar la liquidación de revisión dentro del término señalado en el ordenamiento tributario, sin que se puede extender el término por el hecho de que el último día del plazo fue inhábil.

El término de firmeza de una declaración de IVA, que presenta saldos a favor solicitados en devolución, empezará a contar a partir de la presentación de dicha solicitud, según lo planteado en el artículo 714 del Estatuto Tributario.

Mediante la presente sentencia, se estipula que el término para que la Dian resuelva los recursos de reconsideración o reposición es de un año; dentro de dicho término, se involucra su debida notificación. Cuando esta última se hace por fuera del tiempo previsto, el proceso puede ser considerado nulo.