Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Al referirse a las obligaciones del revisor fiscal no se suelen mencionar los derechos que la ley concede a este profesional para el cumplimiento de sus funciones.
Por ello, en este editorial explicamos los derechos y atribuciones que el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990 le otorgan al revisor fiscal.
Nos parece el colmo la forma como se viene manejando la determinación y el cobro de las tarifas que determina la Junta Central de Contadores –JCC–, que no se ajustan a la Constitución Política de 1991, que exige que dichos cobros se fundamenten en estudios de costos, que nunca se han dado a conocer.
Los contadores públicos somos una parte importante en la cadena de generación de los informes financieros.
No obstante, otros actores, como los administradores y las autoridades de supervisión y vigilancia, también cumplen funciones fundamentales para asegurar información financiera de alta calidad.
Cuando el revisor fiscal detecta una irregularidad o inconsistencia debe comunicarlo por escrito a la administración, a la asamblea de accionistas o a la junta de socios.
En algunas situaciones también es necesario que denuncie dicha irregularidad ante las autoridades correspondientes.
Un operador de lo contable aplica párrafo a párrafo la norma, aun sin conocer sus implicaciones. En cambio, un profesional reflexivo sabrá cuáles son las consecuencias de cada disposición. Sabrá si sus mandatos favorecen o perjudican a alguien y estará preparado para dar explicaciones sobre ello.
Al contador, auditor o revisor que firme declaraciones, certificaciones o pruebas con inexactitudes de datos contables le pueden suspender su facultad para firmar declaraciones tributarias.
En este editorial explicamos qué situaciones pueden considerarse inexactitudes de datos contables.
Las certificaciones emitidas por un contador público con la finalidad de acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– deben cumplir con los requisitos del artículo 59 de la Ley 43 de 1990, es decir, deben ser claras, precisas y ceñidas extrictamente a la verdad.
El CTCP recomienda, entre otros puntos, que el contador incluya únicamente información que haya sido verificada previamente y que indique los soportes de donde se extrajo dicha información.
La Resolución 000-860 de 2020 adopta el reglamento interno del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores –JCC– y deroga la Resolución 000-129 del 04 de marzo de 2015, estableciendo así cuál es el funcionamiento de las convocatorias y deliberaciones, el quorum requerido para sesionar y las mayorías exigidas para tomar decisiones.
En el momento en que un contador público y una entidad (empresa o persona natural) se encuentren negociando la prestación de un servicio contable deben considerar, entre otros puntos, que el contador tenga la suficiente experiencia y que se encuentre habilitado para ejercer la profesión.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– aclara que no existe una inhabilidad expresa para que el profesional contable firme declaraciones a sus familiares en su calidad de contador público. No obstante, el contador debe evaluar antes la existencia de amenazas contra los principios fundamentales del Código de Ética.
Esto es así, por cuanto en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, que señala los servicios que el contador público no puede prestarle a las personas con quienes tenga relaciones de parentesco, no se encuentra restringido el del contador, sino únicamente los servicios de auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas y árbitro en controversia de orden contable.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que los revisores fiscales tienen la obligación de denunciar ante las autoridades los delitos contra la administración pública, además de poner dichos hechos en conocimiento de la administración y los órganos sociales de la entidad (ver artículo 26 de la Ley 43 de 1990).
Por ello, el CTCP recomienda que cuando el revisor fiscal de una copropiedad encuentre inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales realice las siguientes tareas:
• Informar por escrito al administrador de la propiedad horizontal.
• Si no se obtiene respuesta de parte del administrador, entonces informar al consejo de administración de la propiedad horizontal.
• Por último, considerar informar a la autoridad competente.
La retención de documentación contable de la entidad puede acarrearle al contador sanciones por parte de la Junta Central de Contadores.
El contador y la entidad deberían establecer en el contrato la forma en que se realizará la entrega de la información contable al finalizar su relación contractual.
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