En la Sentencia T-195 del 3 de junio de 2022, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social, igualdad, trabajo y debido proceso de una ciudadana, a quien se le canceló su contrato de trabajo pese a ser diagnosticada con el síndrome del túnel carpiano en 2018.
En la Sentencia T-070 del 24 de febrero de 2022 la Corte Constitucional determinó que los contratos de tercerización de servicios no se pueden utilizar para evadir obligaciones legales en relación con la protección de las trabajadoras en estado de embarazo.
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