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El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, puso sobre la mesa el hecho de que en Colombia desaparezcan las zonas francas.

Plataformas como Uber y Rappi demuestran que el modelo GIG ya hace parte de la economía nacional, sin que se tengan claros los beneficios en la formalización de los empleados que participan. El deterioro del modelo de puestos de trabajo con prestaciones sociales ayuda a su desarrollo.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, afirma que la formalidad es poco conocida porque casi todos los estudios se enfocan en la informalidad. Carlos Alberto Baena, viceministro de relaciones laborales, dice que es el resultado de la cooperación entre empleadores, trabajadores y autoridades nacionales.

Personas entre 26 y 45 años representan el mayor porcentaje de afiliados al sistema general de riesgos laborales, con un 56 %.

Cuando muchos desconocen el real alcance del SOAT, al que varios conductores ven más como carga que como solución, sus resultados saltan a la vista, con un trabajo conjunto en el sector que va haciendo ganar confianza entre propios y extraños.

Un informe realizado por la agencia FitchRatings reveló que la expedición del SOAT por parte de las aseguradoras de Colombia dejó de ser rentable, al punto que las compañías estarían a punto de salirse de este segmento de mercado.

Así lo asegura Jorge H. Botero, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia – Fasecolda -, quien ve necesaria una reforma pensional estructural. Además, dice que en el año 2014 el gremio propuso un seguro de desempleo donde las primas se cubrirían con una parte de los intereses de las cesantías.

La Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda- está trabajando en fortalecer el sector de los seguros asociados a la nueva infraestructura vial y frente a eventos catastróficos. Así lo indica su presidente Jorge Humberto Botero.

En Colombia, menos del 10% de los daños producidos por desastres naturales están cubiertos por pólizas de seguro. Los seguros de vida entran a jugar un papel importante para velar por el bienestar familiar. Cualquier persona natural o jurídica puede ser beneficiaria de uno. Lo ideal es comprar uno equivalente a cinco o siete veces sus ingresos anuales.