Sin importar el estado de ejecución del encargo (es decir, si está pendiente o si ya se ejecutó), la relación que tiene el revisor fiscal con cada cliente puede dar lugar a diferentes amenazas de auditoría. A continuación, mencionamos qué debe hacer un revisor fiscal en diferentes casos.
Es función exclusiva de la asamblea de copropietarios de la propiedad horizontal, elegir el revisor fiscal, bien sea en calidad de principal o de suplente. Para identificar, evaluar y responder a las amenazas en el cumplimiento de los principios del revisor fiscal, se dispone del Código de Ética.
El CTCP recuerda que, ante la presencia de amenazas, el contador público debe establecer salvaguardas que minimicen en lo posible el impacto que puedan tener sobre su dependencia.
Se reitera que el revisor fiscal que actúe como principal en cinco sociedades, no puede ejercer el cargo en ninguna otra sociedad, ni siquiera para suplir la ausencia temporal del principal.
Todas las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con las funciones establecidas en la ley, a fin de evitar que se materialice una coadministración por parte de este profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la contaduría pública.
Respecto a si un socio de una empresa puede hacer las veces de contador de la misma, el CTCP señala que sí puede ejercer como contador público, pues la inhabilidad establecida en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990 solo aplica para el revisor fiscal.
El CTCP recuerda que la prestación de servicios profesionales por parte del revisor fiscal a la propiedad horizontal, será posible una vez transcurra un (1) año a partir de su renuncia al cargo como revisor fiscal, sin importar su calidad como principal o suplente.
Dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de interés. Como resultado, dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de servicios.Dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de interés. Como resultado, dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de servicios.
El CTCP precisa que la participación en el lote proindiviso de la copropiedad y del revisor fiscal materializa una inhabilidad, la cual en un momento dado podría restar objetividad al revisor fiscal al momento de desarrollar su labor ante su copropiedad.
El CTCP recuerda que, dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad debe tomar medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de intereses. Dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de los servicios.
Aunque no existe normatividad expresa que genere inhabilidad acerca de la aceptación del cargo de revisor fiscal por parte de un profesional que trabaja junto con el administrador en otra copropiedad, es responsabilidad del contador público evaluar las posibles amenazas que puedan materializarse al momento de aceptar la designación de revisor fiscal de la copropiedad.
El CTCP precisa que la inhabilidad contenida en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, respecto de abstenerse de aceptar designaciones cuando se tiene con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave que puedan afectar la independencia u objetividad del profesional, solo aplica para auditores externos, revisores fiscales, interventores de cuentas o árbitros en controversia de orden contable.