Mes: julio 2017

Si la Ley 1819 de 2016 regula el tema de llevar el doble registro contable y si el CTCP en la orientación OT 001, establece que los Estándares Internacionales no son contabilidad, entonces, ¿siendo un modelo de presentación, bastaría una hoja de trabajo para ello?, ¿cuál sería su opinión al respecto?

¿Cómo se deben contabilizar bajo Estándares Internacionales las compras en un consorcio que tiene un contrato de obra pública?

Si al 31 de diciembre de 2015 una entidad tiene dos utilidades diferentes, es decir, una bajo norma local y otra bajo norma internacional, en ese caso, ¿qué utilidad se debe tomar para efectos de aprobación en la asamblea general para proyectos de la asociación, teniendo en cuenta que el ESFA se elaboró al 1 de enero de 2015?

En términos conceptuales, holding es una estrategia de mercado ejecutada por empresas de tipo familiar, financiero, estatal, etc., que no tiene como propósito conectarse con el objeto social de otras empresas, pero si obtener control sobre estas a través de una sociedad matriz que posee sus acciones.

Si una entidad llevó al ESFA 400 millones contra adopción por primera vez y sus estados financieros ya fueron reportados a la supersociedades, pero en el año 2017 se detectó que el valor mencionado se registró de forma errónea, en tal caso ¿se puede en el 2017 corregir la cuenta de adopción por primera vez?

El CTCP señala que las entidad del grupo 2 deben reconocer los ingresos por la prestación de servicios cuando se den los criterios de reconocimiento establecidos en el párrafo 23.14 del marco técnico normativo para pymes.

Por la cual se amplía el plazo de reporte de información financiera para las entidades clasificadas en el grupo 1, 2 y 3 establecido en el artículo 4 de la Resolución 27581 del 22 de junio de 2017.

La DIAN divulgó un proyecto de resolución con el cual se describe los obligados a entregar a la entidad, la información establecida en el Decreto 731 de 2017.

La Superservicios señala la diferencia existente entre las visitas que obligatoriamente debe realizar un prestador de servicios como parte del cumplimiento de sus obligaciones, y aquellas que se producen por solicitud de sus usuarios sin que exista algún deber legal, regulatorio o contractual que las soporte. Respecto de las primeras, los artículos 146 y 149 de la Ley 142 de 1994 señalan como obligación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, el ayudar a los usuarios a detectar el sitio y la causa de las fugas, así como la de determinar la causa de posibles desviaciones significativas, por lo que no resulta posible que el cumplimiento de dicha obligación se traslade a los usuarios por la vía del cobro de los costos en que incurre el prestador en cumplimiento de sus deberes. En cuanto a las segundas, dado que corresponden a visitas que se realizan, no por obligación del prestador del servicios, sino por solicitud del usuario, el prestador puede acordar con el usuario el pago del valor que corresponda a las actividades realizadas, en el entendido que respecto de estas no existe un deber, y además los usuarios puedan contratarlas con quien quieran.

Según un análisis de ANIF, los efectos de la desaceleración de la economía colombiana son una alerta sobre el equilibrio fiscal del país.

En concordancia con el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, mientras las garantías referidas a las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de un bien o un servicio se encuentren vigentes, no le es permitido al productor, proveedor o expendedor cobrar suma alguna al consumidor por la asistencia técnica que sea indispensable prestar para hacer posible la utilización del producto, y/o por los gastos y costos que implique la reparación del bien por fallas de calidad e idoneidad, incluidos los repuestos y el transporte del bien para su reparación y posterior devolución al consumidor, en los casos en que la naturaleza del bien permita su reparación sin alterar su esencia (calidad e idoneidad). En relación con el cobro de las revisiones, cabe señalar que cuando un consumidor acude ante al proveedor y/o productor con la intención de hacer efectiva la garantía, está ejerciendo un derecho que le asiste por ley y no puede pretenderse que esto pueda cobrarse a los consumidores; esta situación podría parecer un castigo a su solicitud de garantía del producto, pues, la ley le garantiza que pueda acudir para obtener una reparación completamente gratuita.

Dos numerales del Decreto 583 de 2016 han sido anulados parcialmente ya que, desde el punto de vista del Consejo de Estado, atentan contra la integridad y derecho de los trabajadores, fomentan la informalidad y precarizan el empleo en Colombia.