Año: 2017

Si la situación que genera la vulneración o amenaza de un derecho fundamental que se pretende proteger con una acción de tutela es superada o finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo, ello configura el fenómeno de carencia actual de objeto.

Cuando, además de la sede matriz, una compañía tenga sucursales, se debe implementar un solo SG-SST que cubra toda la compañía, y a su vez implementarse políticas que tengan incidencia en las sucursales porque las actividades pueden variar dependiendo del lugar y las funciones del trabajador.

El accionista que se encuentre en mora de pagar cuotas de acciones que haya suscrito no puede ejercer el derecho de voz ni voto toda vez que las acciones suscritas que estén en mora en su pago no deben tenerse en cuenta para determinar el quorum deliberatorio ni decisorio.

A continuación publicamos las inquietudes laborales resueltas por la abogada Natalia Elena Jaimes Lúquez.

El contrato de preposición es una forma especial de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. La persona que administra se llama factor y el propietario del establecimiento se llama preponente.

La tutela demanda la concurrencia de ciertos presupuestos procesales que le son inherentes, como la subsidiariedad, la inmediatez y, si es el caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, y sin los cuales no es posible que el juez constitucional pueda inmiscuirse en la controversia.

Minhacienda plantea la incorporación de las normas correspondientes a las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el Decreto 1068 de 2015, único reglamentario del sector hacienda.

MinTic publica para comentarios el proyecto de agenda regulatoria 2018, la cual contiene la información sobre los proyectos normativos de carácter general que previsiblemente expedirá durante el 2018.

La Supersociedades estableció los plazos y requisitos mínimos para la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre, junto con los documentos adicionales, requeridos a los clubes con deportistas profesionales que se hayan constituido como sociedades anónimas.

El CTCP precisa que para la medición posterior de las propiedades de inversión, se podrá utilizar cualquiera de los dos métodos descritos en la NIC 40: modelo de costo (párrafo 56) o valor razonable (párrafo 33 a 55).

La Supersociedades recuerda que el objeto que persigue la ley de insolvencia al establecer condiciones especiales que faciliten la reactivación y viabilidad de la empresa, es el de preservarla como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Así pues, una vez iniciado el proceso de insolvencia, la sociedad o el promotor, según el caso, deben agotar todas las instancias o etapas previstas en la Ley 1116 de 2006 para el desarrollo del mismo, entre las cuales se encuentra la obligación de presentar presentar ante el juez del concurso, un acuerdo de reorganización debidamente aprobado con los votos favorables de un número plural de acreedores que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de los votos admitidos, la cual debe conformarse de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 31 de la ley antes citada. Lo anterior, descarta la posibilidad de que una sociedad en proceso de reorganización, solicite la apertura de un proceso de liquidación judicial, por sustracción de materia, máxime si se tiene en cuenta que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

El CTCP precisa que los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o período gravable.