El artículo 657 del ET establece que se podrá imponer sanción de cierre de establecimientos de comercio, oficinas, consultorios, o cualquier sitio donde se ejerza una actividad económica durante 3 días, si no se cumplen ciertas obligaciones tributarias.
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Se expide la Resolución Dian 000086 del 24 de mayo de 2023 que realiza modificaciones parciales al artículo 1 de la Resolución 000114 de 2020 en lo relacionado a la clasificación de actividades económicas CIIU y sus notas explicativas.
Se presenta proyecto de resolución de la Dian que realizaría cambios parciales a las clasificaciones de las actividades económicas CIIU.
De acuerdo con el equipo técnico del Banco de la República el crecimiento de la economía en el 2022 estaría por el orden del 8 %.
Es la primera vez que se da un aumento en la tasa de interés tan elevado. La decisión se da por cuenta de la racha alcista de la inflación.
A través de la Resolución 001232 de septiembre 16 de 2022, la Dian incluyó 3 nuevos códigos de actividades económicas y reclasificó otro ya existente, dando de esa forma aplicación a los cambios que el Dane había hecho al listado de códigos CIIU mediante la Resolución 1505 de noviembre 26 de 2021.
La Dian incluye una casilla en algunos formularios para reportar el “código de la actividad económica principal” que corresponde a la actividad que generó el mayor valor de ingresos en el período gravable por declarar, pero no especifica la incidencia de que dichos ingresos sean no operacionales.
La recuperación económica de Colombia en 2021 fue una de las más dinámicas en la región.
A partir del 1 de abril todas las transacciones con criptomonedas superiores a los USD $150 deberán reportarse con la UIAF.
Es la primera vez que se da un aumento en la tasa de interés tan elevado. La decisión se da por cuenta de la racha alcista de la inflación.
La recuperación económica de Colombia en 2021 fue una de las más dinámicas en la región.
El Decreto reglamentario 253 de 2022 le da preponderancia a sectores de la economía que no son básicos para todas las personas en el territorio nacional. La norma contraría el interés público consagrado en la Constitución, ya que olvida sectores económicos como el transporte y el turismo.