Mario Andrés Rodríguez explica las consecuencias que hay para las empresas una vez comience a regir la reducción de la jornada laboral.
Vale la pena decir que la reducción, que se hará de forma progresiva y empezará a regir en dos años, modificará el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.
Según Santiago López, el revisor fiscal no es un fiscal que debe investigar delitos realizados por la organización o quienes trabajen en esta.
Este tiene la obligación de denunciarlos si tiene sospechas y debe informar todos los controles que se están realizando para prevenir riesgos.
El Congreso de Colombia, mediante la Ley 2095 de julio 1 de 2021, aprobó el acuerdo que se había firmado entre Colombia y Japón en diciembre 19 de 2018.
Ahora se deberá esperar hasta que la Corte Constitucional respalde dicha ley para que pueda empezar a tener su aplicación práctica.
Compartimos un modelo de las políticas para la custodia, integridad, conservación, etc., de los papeles de trabajo de una firma de auditoría.
Dichas políticas hacen parte del sistema de control de calidad que deben implementar los contadores y firmas al prestar servicios como los de revisoría fiscal.
El Decreto 376 de abril 9 de 2021 aclaró lo que podrán hacer los empleadores para pagar los aportes faltantes a pensión de abril y mayo de 2020 entre los años 2021 y 2024, pero no dijo nada sobre lo que sucederá en las declaraciones de renta o del régimen simple de los trabajadores.
La información sobre el patrimonio fiscal que se reporte en la declaración de renta o del régimen simple de tributación tiene incidencia en por lo menos 8 aspectos tributarios diferentes muy importantes.
En este editorial te contamos los puntos clave que debes recordar al respecto.
Beneficiarios del programa que fueron suspendidos por cobrar un giro de Devolución del IVA deberán firmar antes del 25 de julio un formato de consentimiento para la reactivación en Ingreso Solidario.
Dian expide el Concepto 1010 de 2021 para aclarar cómo deben realizarse las correcciones a las que haya lugar cuando se expida el documento soporte en compras con no obligados a facturar electrónicamente, considerando que la normativa que regula este tema no hace referencia a notas de ajuste u otros documentos que permitan la modificación.
Los plazos cambiaron después que la administración distrital presentara inconvenientes técnicos. No habrá cobro de sanciones.
El CTCP precisa que los documentos comprobantes y soportes contables no requieren necesariamente estar impresos en papel para obtener la información necesaria a la que se refieren y la validez probatoria requerida.
A través del Concepto 0410 de julio 7 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– se refirió al sustento de los registros que soportan los estados financieros aludiendo lo establecido en el artículo 6 del anexo 6 del DUR 2420 de 2015 respecto de los soportes, y al artículo 7 del mismo anexo en relación con los comprobantes de contabilidad.
La entidad concluyó que respecto de las partidas cuyos terceros no puedan identificarse es indispensable realizar circularizaciones con terceros. Cuando no se puedan establecer los beneficiarios y obligados de algunos derechos y obligaciones incorporados en los estados financieros, dichas partidas deben ser dadas de baja de los activos y pasivos, según corresponda, para ajustar los estados financieros a la realidad de la empresa y sus transacciones.
Ahora bien, cuando haya partidas en las que no se cuente con soportes válidos y suficientes alineados con lo expuesto, deberán primero analizarse las condiciones establecidas y otra información relevante que indique que se cumplen los requisitos para proceder con la baja de cuentas de los activos y pasivos. Por ejemplo, en el caso de los activos, si se ha perdido el control total o parte de este, cuando expiren los derechos contractuales sobre el activo o cuando este haya sido transferido; en el caso de los pasivos, si la obligación se ha extinguido en su totalidad o parcialmente.
Dian expide el Concepto 1012 de 2021, mediante el cual se pronuncia respecto a la obligación de expedir facturación electrónica en las operaciones efectuadas por agencias de seguros, con ocasión a la celebración de contratos.