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Las instituciones financieras en Colombia son débiles; presentan una amenaza alta frente al financiamiento del terrorismo, y deben disminuir su vulnerabilidad al lavado de activos. Estas son algunas conclusiones que presenta para el país el “Informe de evaluación mutua de Colombia”.

Se trata del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, una estrategia para fortalecer la transparencia. La lupa está puesta en elementos como la gestión de riesgos, los trámites, la rendición de cuentas, los mecanismos para mejorar el servicio al cliente y el acceso a la información.

La Anif es contundente al afirmar que la Ley 1943 de 2018 no es la que necesitaba el país para tener tranquilidad fiscal entre 2019 y 2022. Además, a nivel de recaudo, la califica como un rotundo fracaso. Explicamos otros puntos negativos que presenta, desde el punto de vista de la entidad.

Colombia enfrenta el reto de migrar hacia un modelo de crecimiento verde, y generar empleo decente alrededor de este. Actualmente, el sector agropecuario concentra el mayor número de ocupados, seguido por el sector de industria manufacturera. Existe potencial de creación de empleos en construcción, y en electricidad, gas y agua.

Los colombianos se caracterizan por tener una cultura de la inmediatez y programan sus metas en ciclos. Existe la incertidumbre y el temor de que los objetivos se aplacen y por ello no se ahorra. La tranquilidad es el principal destino del ahorro programado, seguido de vivienda, vacaciones y educación.

Hay requisitos en el ámbito fiscal local e internacional que las juntas directivas deben cumplir. Por ello, nos referimos a los mecanismos para combatir la erosión de las bases imponibles, para la transferencia de beneficios BEPS y para seguir la Ley de Cumplimiento Tributario en el Exterior.

Anif realizó un análisis en el que destaca la progresividad tributaria en los hogares, el endurecimiento del pago de impuestos a dividendos distribuidos, y el impuesto a las cervezas y gaseosas. La entidad también destaca las facultades otorgadas a la Dian para modernizarse.

El 31 de enero de 2019 vence el plazo para que las entidades que deben registrar sus bases de datos ante la SIC lo hagan. La entidad cuenta con un manual en el que explica puntos sobre el registro, para que no se cometan errores durante su trámite. Estas son algunas generalidades a tener en cuenta.

Según la investigación “Corrupción en territorios de paz”, salud y educación son los sectores más afectados por hechos de corrupción, abarcando más del 32 % de estos. Serían 495 actores los relacionados con corrupción, entre servidores públicos, autoridades y empleados de empresas privadas.

KPMG explica las modificaciones, con sus respectivos impactos y retos, que presenta el marco conceptual de presentación de información financiera, así como los cambios no urgentes pero necesarios que se deben aplicar a los ejercicios anuales iniciados desde el 1 de enero de 2019.

Menor crecimiento de los socios comerciales, el fenómeno de El Niño, la Ley de Financiamiento y dificultades de ejecución de proyectos de infraestructura podrían contribuir para que el PIB de Colombia en 2019 llegue solo al 2,8 % y no a un 3,3 %, como lo tiene presupuestado la entidad.

En la política de control interno de entidades públicas se establecen cinco componentes, en los que las líneas de defensa funcionan transversalmente a ellos. De esta forma, las responsabilidades y roles del auditor, según las líneas de defensa, serán cuatro. A continuación, se nombran y explican.