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¿Cuáles serían los sectores de la economía más afectados por la caída de la Ley 1943 de 2018?

La Ley de financiamiento 1943 de 2018 estableció cuáles bienes inmuebles se encuentran bajo los beneficios de la exclusión y exención del impuesto nacional al consumo y, adicionalmente, determinó los requisitos aplicables para estos casos.

En el trámite de la ley que pretende revivir los textos de la caída Ley 1943 de 2018 debería aprovecharse para establecer cómo los productores de bienes exentos que se trasladan al SIMPLE podrán presentar las solicitudes de devolución de sus saldos a favor. Hasta ahora no hay claridad al respecto.

Un contador bien preparado puede proporcionarle a la organización en la cual presta sus servicios las mejores alternativas para optimizar la capacidad de planta y la explotación del recurso financiero, sin que ello represente, una evasión o una elusión de las normas contables y tributarias.

El 30 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-514, la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada la norma del numeral 6 del parágrafo 3 del artículo 437 del ET (creado con el artículo 4 de la Ley 1943 de 2018), y en el cual se estipula el nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natural que vende bienes o servicios gravados con IVA pueda operar como no responsable del IVA. La sentencia en mención también declara exequible condicionalmente el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018, y sin condicionamientos el artículo 102 de la misma.
La Corte Constitucional manifestó que a la hora de medir ese nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natura opere como no responsable del IVA solo se deberá tomar en cuenta las consignaciones por ventas de bienes gravados con IVA o de servicios gravados con dicho impuesto, lo cual dejaría por fuera otro tipo de consignaciones.

El régimen simple de tributación fue creado por la Ley de financiamiento 1943 de 2018 con el ánimo de brindarles ventajas y garantías tributarias a los contribuyentes más pequeños. ¡Estudia en este post sus ventajas y desventajas antes de decidir si optar o no por él!

El 29 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-510, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario –ET–, el cual había sido adicionado por el artículo 80 de la la Ley 1943 de 2018, Ley de financiamiento, en el que se estipulaban nuevas reglas fiscales para las entidades financieras. Según dicho parágrafo, las entidades bancarias estaban obligadas a pagar cuatro puntos más en renta que el resto de las empresas.
La Corte Constitucional manifestó que la proposición para la inclusión de las normas demandadas no fue sometida a discusión ni a votación en el curso del primer debate ante las comisiones conjuntas del Senado y Cámara. Por lo anterior, dichos parámetros no tuvieron el aval expreso del Ministerio de Hacienda, ni el de nadie del Gobierno y, en consecuencia, debía declararse inconstitucional.

Es preocupante que por una cuestión de forma se prevea la posibilidad de declarar una norma como inconstitucional, en este caso una ley, sin pretender tener en cuenta los impactos de la información realizada en empresas que han requerido un esfuerzo humano y operativo ya culminado o en parte.

El texto radicado el 22 de octubre de 2019 ante el Congreso contiene errores con los cuales se evidencia que al Gobierno se le olvidaron los cambios introducidos por la Ley 1955 de 2019. Además, se repiten varios de los yerros mecanográficos e incoherencias que contenía la Ley 1943 de 2018.

En el trámite del proyecto de ley que pretende revivir a la Ley 1943 de 2018 debería aprovecharse para aclarar cómo se liquidarían los aportes a seguridad social de las personas naturales inscritas en el régimen simple, para que se pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Los contribuyentes que se trasladen al SIMPLE y realicen actividades de tiendas y minimercados no generan IVA en sus ventas; este se convierte en un mayor valor de sus compras. Aunque los precios para el consumidor final se mantienen, hay un beneficio para los municipios y un perjuicio para la Dian.

A través de la Sentencia C-481 de octubre 16 de 2019 la Corte Constitucional decidió declarar inexequible la totalidad de la Ley 1943 de 2018, por medio de la cual el gobierno actual esperaba financiar el presupuesto nacional, así como realizar ciertos cambios en materia tributaria.