Día: 6 de enero de 2016

Contra las expectativas del Banco de la República, la inflación o IPC que se presentó en Colombia para el 2015 fue del 6,77%, una cifra alarmante puesto que desde el 2008 no se registraban cifras tan altas en este indicador económico.

Supersociedades. Se aclaran conceptos sobre las sociedades de familia y las juntas directivas integradas mayoritariamente por miembros ligados entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil.

Los arrendadores podrán incrementar el precio por el cual alquilaron sus bienes raíces tomando como base el IPC del 2015, correspondiente al 6,77%.

Mientras el valor de la Tarjeta Profesional de Contador Público será de $267.000, el costo del Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios de Contadores Públicos para el 2016 será de $23.000.

Mediante Resolución 102995 del 30 de diciembre del 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó registro de marca sobre la sigla nominativa para Normas Internacionales de Información Financiera a la Fundación IFRS.

Así como las cosas tienen un valor, las monedas de los países también tienen un valor determinado. En Colombia, al finalizar el 2015 se presentó una tasa de 31,64% de devaluación frente al dólar.

Al finalizar el año 2015 el precio del barril de petróleo, más conocido como WTI (indicador con el que diariamente los medios de comunicación presentan el precio internacional del barril de petróleo) presentó al 31 de diciembre una tarifa de USD 36,60.

La libra de café –que también hace parte de los indicadores económicos en Colombia– cerró el 2015 con una tarifa de USD 1,24.

Supersociedades. Aclaró conceptos sobre la declaración de cambio y el registro extemporáneo.

El Decreto 2243 del 2015 en sus artículos 26 y 27 establece los plazos para la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia y de la documentación comprobatoria señalada en el artículo 260-5 del ET, esta última a cargo de los contribuyentes que celebren operaciones con vinculados o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales.

Aunque ni la ley, ni los decretos expedidos establecen expresamente quiénes deben aprobar las políticas contables, estas deben tener el visto bueno de la junta directiva, aunque sean elaboradas por la gerencia de la empresa. Eso sí, no es recomendable que sean hechas por personas externas a la compañía.

Entidades que tengan menos de 500 salarios mínimos en activos y menos de 10 trabajadores manos a la obra si no han comenzado con la tarea. Hay que iniciar con el proceso, pero no de forma improvisada. Se debe conocer la normatividad. Contraten a un contador público que conozca del tema y las asesore.