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En un contexto general, las atestaciones están definidas como las testificaciones que puede presentar un individuo frente a determinados hechos, a través de los cuales se da veracidad de testigo

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Responsabilidad del contador y revisor fiscal en una Entidad sin Ánimo de Lucro.

La Superintendencia de Sociedades mediante Oficio 220-053514/2015 de 20 de abril señaló que existe inhabilidad para aquel contador que ejerció como revisor fiscal de una empresa, y luego se presenta como proponente para ser auditor externo en la misma compañía por contrariar la Ley 43/1990.

En el cumplimiento del objetivo principal de la revisoría fiscal de informar a los inversionistas, al Gobierno y en general a los terceros, sobre si el manejo que la administración da a la entidad se encuentra en concordancia con las leyes vigentes y con los estatutos, y si la información plasmada en los Estados Financieros es una representación razonable y confiable de la situación económica y financiera de la entidad, el Revisor Fiscal tiene la obligación, entre otras, de:

Cuando se acepta el cargo de contador o revisor fiscal en una compañía, en muchas ocasiones se requiere realizar la respectiva actualización del RUT de dicha empresa, para que el profesional aparezca en él.

La labor de la Revisoría Fiscal es informar regularmente a los inversionistas, a la comunidad y al Gobierno sobre el manejo de la entidad y el funcionamiento de los controles establecidos; también, si los Estados Financieros reflejan fielmente la realidad financiera y los resultados económicos de la entidad. Por lo anterior, esta labor debe ser desempeñada por profesionales idóneos, honestos, íntegros y responsables.

En el ejercicio de la revisoría fiscal, la ley ha establecido algunas situaciones y condiciones, que de presentarse inhabilitan al Revisor Fiscal para ejercer sus funciones de fiscalización; dentro de las inhabilidades señaladas por la ley se encuentran:

El artículo 203 del Código de Comercio, establece que las sociedades comerciales que gocen de las siguientes características están en la obligación de contratar revisoría fiscal:

Aunque el nombramiento del Revisor Fiscal se encuentra a cargo del máximo órgano social, éste no tiene relación de subordinación con la entidad que fiscaliza, puesto que las funciones se desprenden de la ley, aunque en algunas ocasiones la Asamblea General o la Junta de Socios (máximo órgano social encargado de su designación) del ente económico, puede imponerle funciones adicionales que se encuentren acorde con su carácter independiente y función fiscalizadora.

Por disposición de la Superintendencia Nacional de Salud, las entidades que están bajo su inspección, vigilancia y control se encuentran obligadas a tener revisor fiscal; dentro de dichas entidades están: las Entidades Promotoras de Salud – EPS, las Instituciones Prestadoras de Salud – IPS, las Empresas Solidarias de Salud – ESS, y en general todas aquellas que hagan parte del sistema de seguridad social en salud.

Con el objetivo de que el revisor fiscal cumpla cabalmente las funciones que le son asignadas por ley y por estatutos, el mismo debe cumplir con unos principios fundamentales establecidos para la revisoría fiscal; dentro de ellos se encuentran: permanencia, integralidad, oportunidad, función preventiva, independencia y objetividad, fe pública, actuación racional, cobertura general y cumplimiento de las normas de la profesión contable.

La evidencia es entendida como “la prueba material de un hecho”, es decir, todo instrumento cierto que constituya un medio para probar algún suceso; además, dicho instrumento debe tener la calidad de indiscutible para que sirva de prueba.