Respuesta de Natalia Elena Jaimes Lúquez a la pregunta
Si un empleado pasa su carta de renuncia con una fecha y es aceptada, pero luego indica que no se quedará hasta ese día y no hará la entrega de informes solicitados, ¿se puede demandar por abandono de cargo o perjuicios hacia la compañía?
El IBL usado para liquidar la licencia de maternidad de la trabajadora debe corresponder al IBC, es decir, al salario percibido en el mes inmediatamente anterior. Si se percibe una bonificación que haya sido incluida en el IBC declarado, esta se tendrá en cuenta para la liquidación de la licencia.
Respuesta de Natalia Elena Jaimes Lúquez a la pregunta
Si un empleado se encuentra atravesando una situación difícil, ¿puede solicitar al empleador que en junio se le pague la prima por los dos semestres o es una conducta sancionable para el empleador?
Por el cual se adicionarían unos artículos al capítulo 1 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el artículo 32 del ET, referente al tratamiento tributario de los contratos de concesión y asociaciones público privadas.
La Superintendencia Financiera informó el índice de bursatilidad accionaria para cada una de las acciones que se negociaron en bolsa durante el 1 de julio y el 31 de octubre de 2017.
El procurador recomendó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público abstenerse de dar trámite al proyecto de decreto sobre canalización de ciertas operaciones de comercio exterior a través del mercado cambiario.
No tiene ningún costo y se puede generar de manera ágil y segura desde cualquier lugar las 24 horas del día, a través del portal www.minsalud.gov.co.
El sindicato de trabajadores de Claro denuncia irregularidades al interior de la compañía: “desmotivación laboral” y “rebaja salarial” son dos de los aspectos acusados.
La SIC también formuló cargos contra 15 ejecutivos de las empresas investigadas por presuntamente haber colaborado en conductas anticompetitivas.
Desde el año 2009, cuando se expidió la Ley 1314 de 2009, se dio vía libre en Colombia a la convergencia hacia una nueva normatividad basada en estándares internacionales; pasaron varios años y solo hasta 2014 se divulgaron los proyectos normativos encaminados a la estandarización con relación a las normas para auditoría y revisión de la información financiera que se emitiera bajo estándares internacionales.
La disminución en el valor del capital suscrito y pagado, sin variación en el valor nominal de las acciones y sin tener en cuenta que el mencionado capital disminuya con un fin específico basado en un hecho económico fundamental para la sociedad, podría generar en todo caso, un detrimento patrimonial considerable del cual se desprenda un posible menoscabo en la prenda común de los acreedores.
La Supersociedades precisa que la omisión del acreedor prendario consistente en no ejecutar la garantía mobiliaria sobre las acciones de propiedad de uno de los socios antes de la inscripción de la cuenta final de liquidación, estando obligado a ello, a pesar de tener conocimiento de la situación de la sociedad, por ostentar los derechos inherentes a la calidad de accionista que le fueron conferidos en el contrato de prenda, traería consigo la pérdida de la garantía por desaparición de la persona jurídica de cuyo capital social hacían parte dichas acciones, pues este hecho tiene correspondencia con la “destrucción completa de la cosa empeñada” a que hace referencia el artículo 2431 del Código Civil, y, en consecuencia, el otrora acreedor prendario mutaría su calidad a la de acreedor quirografario. Así las cosas, si en el contrato de prenda no se consagró nada sobre el pago de la obligación garantizada en caso de liquidación de la sociedad o en torno a la entrega de los remanentes de la liquidación al acreedor prendario, y este último tampoco adelantó la ejecución de la garantía mobiliaria, el liquidador deberá hacer entrega de los bienes que correspondan al propietario de las acciones, quien continuará como responsable del pago de la acreencia.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
