Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El contador público no está obligado a emitir certificaciones para cualquier interesado que las solicite, ya que su responsabilidad esta direccionada a la asamblea general, junta de socios y a los organismos gubernamentales que tengan una relación de inspección y vigilancia sobre el ente.
Para efectos de contratación del revisor fiscal, las funciones y responsabilidades de contratista y el contratante deben quedar documentadas por escrito. A su vez, se deben establecer las diferentes condiciones bajo las cuales se prestará dicho servicio.
Los contadores públicos que hayan pertenecido al consejo de administración de una copropiedad, podrán postularse como revisores fiscales de la misma, una vez transcurridos 6 meses desde el momento en que haya culminado su labor en cualquier cargo en la copropiedad.
Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, si el marco normativo aplicable a la entidad sin animo de lucro requiere que la misma tenga revisor fiscal, se deberá cumplir con dicho requerimiento.
Es función exclusiva de la asamblea de copropietarios de la propiedad horizontal, elegir el revisor fiscal, bien sea en calidad de principal o de suplente. Para identificar, evaluar y responder a las amenazas en el cumplimiento de los principios del revisor fiscal, se dispone del Código de Ética.
El revisor fiscal no puede considerar la posibilidad de estar vinculado a la misma entidad a la cual le presta sus servicios, ya que no tendría la independencia requerida para realizar sus labores. Dentro de las labores se destaca emitir una opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones estatutarias.
El CTCP señala que el revisor fiscal, de cualquier tipo de sociedad perteneciente al grupo 1, debe aplicar de manera obligatoria las normas internacionales de auditoría (NAI) y las normas internacionales de contratos de aseguramiento (NICA), específicamente la NICA 3000, contenida en el anexo 4 del Decreto 2420 de 2015.
El CTCP recuerda que, ante la presencia de amenazas, el contador público debe establecer salvaguardas que minimicen en lo posible el impacto que puedan tener sobre su dependencia.
El CTCP recuerda que todas las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con las funciones establecidas en la ley, a fin de evitar que se materialice una coadministración por parte de este profesional, lo que va en contra de los lineamientos establecidos en el Código de Ética para profesionales de la contaduría pública.
El CTCP recuerda que, sin importar su naturaleza, todas las sociedades comerciales cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente de tres mil salarios mínimos deben tener revisor fiscal.
Es necesario revisar los montos correspondientes a activos e ingresos brutos del año inmediatamente anterior, que han sido registrados en los estados financieros y elaborados bajo los marcos técnicos normativos vigentes a esa fecha, con el fin de constatar si la sociedad cumple las condiciones para estar obligada a tener revisor fiscal.
Se reitera que el revisor fiscal que actúe como principal en cinco sociedades, no puede ejercer el cargo en ninguna otra sociedad, ni siquiera para suplir la ausencia temporal del principal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
