Auditoría y Revisoría Fiscal

El CTCP precisa que suscribir un contrato de colaboración entre un contador público y una persona jurídica con el objeto de realizar encargos de auditoría, revisión, servicios relacionados, y otros trabajos de aseguramiento (servicios contables), solo sería posible si la persona jurídica quién factura al cliente y presta apoyo en materia fiscal, tiene un registro ante la Junta Central de Contadores, ya sea como sociedad de contadores públicos o persona jurídica prestadora de servicios contables.

El CTCP precisa que tanto para persona jurídica como para persona natural, la materialización de una inhabilidad se entiende al momento en que la sociedad prestadora de servicios legales y tributarios, preste algún tipo de servicio a sociedades con las que un socio accionista (persona natural o jurídica) tenga algún tipo de encargo de aseguramiento y/o revisoría fiscal.

El CTCP precisa que la firma de los estados financieros por parte del contador público, debe siempre especificar la relación que tiene este profesional frente a los estados financieros, bien sea como representante legal, contador público o revisor fiscal, ya que dicha denominación es la que establece su responsabilidad respecto de los mismos, bien sea como preparador de la información financiera o en calidad de revisor fiscal, quien emitirá una opinión con un enfoque de fiscalización y aseguramiento. Por tanto, el auditor interno tiene una función de auditoría y no de preparación de los estados financieros, razón por la cual su nombre no podrá ser asociado a la preparación de la información, y por consiguiente, no podrá firmar los estados financieros.

Para garantizar el cumplimiento de una auditoría de costos, no es posible desligar el componente jurídico dentro de esta auditoría, por ser esencial para garantizar la transparencia y el cumplimiento de todos los consumos, egresos, gastos e inversiones, contemplados dentro del alcance aceptado por parte del auditor interno, bien sea persona natural o jurídica.

El CTCP precisa que un auditor interno que ostente la calidad de contador público, podrá firmar los estados financieros más no podrá omitir la relación que tiene con dichos estados. Cabe señalar que es indispensable que se especifique en que calidad firma los estados financieros, por cuenta de esa manera se determina la responsabilidad de ese profesional respecto a los estados financieros.

En los edificios de uso exclusivamente residencial, dado que no existe obligación de tener revisor fiscal, el máximo órgano social tiene libertad para definir sus funciones. Además de lo anterior, el revisor fiscal potestativo podría no tener la calidad de contador público, caso en el cual, el revisor fiscal no podrá autorizar con su firma los estados financieros ni dictaminar sobre ellos.

El CTCP precisa que, dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro, se deberá cumplir con el requerimiento de tener revisor fiscal si el marco normativo aplicable a la entidad así lo exige.

El CTCP recuerda que se deben revisar los montos correspondientes a activos e ingresos brutos del año inmediatamente anterior, registrados en los estados financieros elaborados bajo los marcos técnicos normativos vigentes. Esto, a fin de constatar si la sociedad cumple los lineamientos citados en la norma y de esta forma está obligada a tener revisor fiscal.

El CTCP recuerda que, dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad debe tomar medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar inhabilidades o un conflicto de intereses. Dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y afectar de manera directa al usuario de la prestación de los servicios.

Las funciones del revisor fiscal deben estar enmarcadas dentro de lo términos de la ley y sus compromisos deben estar definidos a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. Ante el incumplimiento de dichos compromisos, y si se considera que las actuaciones del revisor fiscal han puesto en riesgo los intereses de la entidad, se puede presentar queja formal ante el tribunal disciplinario de la JCC.

Entre las funciones y deberes del revisor fiscal, enumerados en los artículos 207 al 213 del Código de Comercio, se encuentra el dar una opinión acerca de la eficiencia y la eficacia del sistema de control interno de la entidad; razón por la cual será responsabilidad del revisor fiscal adelantar las pruebas que a su juicio profesional, considere convenientes para obtener evidencia adecuada y suficiente para formarse una opinión acerca del sistema en mención y posteriormente generar una opinión. Esta última, deberá estar enmarcada dentro de los parámetros definidos en el nuevo marco técnico normativo compilado en el anexo técnico No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016.

El CTCP recuerda, una vez más, que todas las actuaciones del revisor fiscal deben estar alineadas con las funciones establecidas en la ley, a fin de evitar que se materialice una coadministración por parte de este profesional, lo cual va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la contaduría pública.