Auditoría y Revisoría Fiscal

El CTCP señala que los revisores fiscales no pueden prestar en la misma empresa que fiscalizan asesorías en temas propios de la ciencia contable, caso por ejemplo de la implementación de los nuevos marcos técnicos normativos contables.

Para la labor del revisor fiscal, las funciones y responsabilidades del contratista y del contratante deben quedar debidamente documentadas por escrito, asimismo, se deben establecer las diferentes condiciones bajo las cuales se prestará el servicio en mención.

Aunque no existe normatividad expresa que genere inhabilidad acerca de la aceptación del cargo de revisor fiscal por parte de un profesional que trabaja junto con el administrador en otra copropiedad, es responsabilidad del contador público evaluar las posibles amenazas que puedan materializarse al momento de aceptar la designación de revisor fiscal de la copropiedad.

El CTCP recuerda que el revisor fiscal que actúa como principal en cinco sociedades no puede ejercer el cargo en ninguna otra, ni siquiera suplir la ausencia temporal del principal.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 y las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, en donde se establecen las funciones del revisor fiscal, la facultad de certificación está asociada a los posibles requerimientos que realicen las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia de la entidad. Dicho esto, en el momento en el cual el revisor fiscal certifica acerca del cumplimiento del pago por la contribución al FIC, hace uso de su facultad para dar fe pública. Ahora bien, en caso de que las actuaciones del revisor fiscal no se ajusten a la realidad y los entes que requieran dicha información, consideran que han puesto en riesgo los intereses de la entidad, basados en lo establecido en el artículo 45 de la Ley 43 de 1990, pueden presentar queja formal debidamente documentada, ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, el cual es el organismo encargado de ejercer inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública sea ejercida en conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones.

La existencia o aceptación de la opción de compra en un contrato de arrendamiento, no es el único factor a analizar para determinar si corresponde a un arrendamiento financiero o no, pues existen casos en los cuales se cumple con la definición de arrendamiento financiero pero no se ejerce la opción de compra. 

El proceso de confirmación de saldos es un procedimiento común dentro de la labor de auditoría, el cual debe ser adelantado por parte del revisor fiscal. Dicha actividad requiere de la colaboración del representante legal para efecto de firma y envío, y en el texto de las comunicaciones se debe solicitar el envío de las respuestas al revisor fiscal, en aras de transparencia del proceso.

El CTCP recuerda que dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro y del marco normativo aplicable a la misma se deberá cumplir con el requerimiento de tener revisor fiscal.

Respecto a si se pueden dictaminar unos estados financieros del año 2016 y abstenerse de opinar sobre los años anteriores cuando el ejercicio de revisoría fiscal se ejecutó durante el 2016, y la sociedad expresa tener solo el 2016 bajo el nuevo marco técnico normativo y no tener ESFA, la Supersociedades indica que, frente a la actuación del revisor fiscal el CTCP conceptuó que “…requiere de forma obligatoria que el revisor fiscal aplique las pruebas y procedimientos de auditoría requeridos para la obtención de evidencia sobre la razonabilidad de los estados financieros y de transición, ya que no se concibe que haya razonabilidad de los saldos finales al 31 de diciembre de 2015 (en el caso del grupo No. 1 y 3) y 31 de diciembre de 2016 (en el caso del grupo No. 2), sin la obtención de evidencia sobre los saldos iniciales de apertura (ESFA) y los movimientos del año de transición…”.

El CTCP precisa que la Norma Internacional de Control de Calidad –NICC 1– trata de las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con un sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. Esta NICC debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables.

Cuando el revisor fiscal realice actividades que no se encuentren alineadas con sus funciones establecidas en la ley puede materializarse una coadministración por parte del profesional, lo que va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la contaduría pública.

El contratante de los servicios del revisor fiscal debe evaluar si las actuaciones de este han puesto en riesgo los intereses de la entidad; de ser así, basado en lo establecido en el artículo 45 de la Ley 43 de 1990, podrá presentar queja formal debidamente documentada ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores.