Decreto

Mediante el presente decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público modifica el artículo 2.2.10.4.3. del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, en lo relacionado con las fuentes de los recursos del fondo de pensiones públicas, eliminando las reservas pensionales líquidas que tenía la Cajanal de la lista de los recursos del Fopep.

Por el cual se otorgan plazos para pagar el impuesto predial unificado sobre la vigencia fiscal 2018, con descuento y sin intereses.

Por el cual se modifica el Decreto 1343 del 2017 para establecer un gravamen arancelario del 0 % para la importación de los productos clasificados en algunas las subpartidas de materias primas y bienes de capital no producidos en el país.

Por medio del cual se establecen los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos administrados por el Municipio de Pereira vigencia 2018, y se dictan otras disposiciones.

El 30 de diciembre de 2017, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 2270 con el cual fija a partir del 1 de enero de 2018 el auxilio de transporte al que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente, en la suma de ochenta y ocho mil doscientos once pesos ($88.211), que se pagará por los empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicios público de transporte. Con esta norma se deroga el Decreto 2210 de 2016, el cual establecía el auxilio de transporte para el 2017.

En su calidad de Presidente de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la Ministra del Trabajo señaló, mediante certificación del 30 de diciembre de 2017, que el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2018 se fijó de manera concertada en la suma de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781.242). Por lo anterior, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 2269 con el cual queda establecido el valor del salario mínimo en la cifra antes mencionada, el cual rige a partir del 1 de enero de 2018.

Considerando que el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016 dispuso como incentivo al incremento de los inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos y exploración en minería, el otorgamiento de un Certificado de Reembolso Tributario –CERT– a los contribuyentes que incrementen dichas inversiones, el cual corresponderá a un porcentaje del valor del incremento, y que el parágrafo 1 del mismo artículo que el gobierno nacional debía reglamentar este incentivo teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1) los niveles de precios internacionales de referencia; 2) niveles de inversiones y 3) metas de reservas y producción. Por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 2253 del 29 de diciembre de 2017 con el cual expide la reglamentación del incentivo al incremento de los inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos y exploración en minería.

El Ministerio de Salud y Protección Social establece las condiciones generales de operación de la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud –Adres–, que permitan fijar los parámetros para la administración de los recursos del sistema general de seguridad social en salud y su flujo, de acuerdo con la nueva institucionalidad definida por la ley.
Cabe resaltar que la norma reitera que, la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud –Adres– es un organismo de naturaleza especial del nivel descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos señalados en la ley de creación y adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.

El artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, modificó el título V del libro I del Estatuto Tributario en lo relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las personas naturales residentes en el país, estableciendo un sistema de determinación cedular de la renta para las personas naturales, aplicable a las sucesiones ilíquidas, así: a) rentas de trabajo; b) rentas de pensiones; c) rentas de capital; d) rentas no laborales; y d) rentas de dividendos y participaciones. En consecuencia, ante la necesidad de reglamentar diversos aspectos de cada una de las cédulas, tales como: imputación de costos y deducciones, rentas exentas, entre otros, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017 con el cual se reglamenta la parte I de la Ley 1819 de 2016, referente a esta materia.

Considerando que para efectos de la aplicación del artículo 32 del ET, modificado por el artículo 3 de la Ley 1819 de 2016, y el numeral 8 del artículo 290 del ET modificado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, se requiere reglamentar el tratamiento en materia del impuesto sobre la renta y complementario de los contratos de concesión y asociaciones público privadas –APP– y desarrollar el régimen de transición aplicable a los saldos de los activos pendientes de amortización a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2235 del 27 de diciembre de 2017 con el cual adiciona el capítulo 25 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, para reglamentar esta materia.

or el cual se establecen las fechas de declaración y pago del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil, se señalan los incentivos por pronto pago del impuesto predial unificado y se dictan otras disposiciones.

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2198 del 26 de diciembre de 2017, con el cual modifica el epígrafe de la parte 5 del libro 1 y adiciona el título 6 a la parte 5 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el parágrafo 1 del artículo 512-15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 del Estatuto Tributario, en lo relacionado con las tarifas diferenciales del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, así como la no causación del impuesto y la expedición de certificación de las bolsas biodegradables y reutilizables.