El Gobierno Nacional tiene como objetivo autorizar el el arbitramento de litigios para disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la Dian, a través de un proyecto de ley.
A diferencia del arbitraje, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el que las partes conceden a árbitros la solución de una controversia que autorice la ley, el compromiso es un negocio jurídico en el que las partes de un conflicto convienen resolverlo en un tribunal arbitral.
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