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Ley antitrámites crea la carpeta ciudadana digital, un archivo digital donde se almacenarán los documentos de los ciudadanos.

Estampillas que hoy existen en los municipios dejarán de ser físicas para convertirse en electrónicas.

Leonardo Varón afirma que nadie la va a eliminar, pues a las firmas grandes y a los independientes se les acabaría una fuente principal de ingresos.

Para él, pueden existir diferencias en pensamientos sobre la revisoría fiscal, pero lo realmente importante es que toda la profesión se debe respetar.

Leonardo Varón indica que, al 27 de abril de 2020, hay 1.508 contadores autorizados para ejercer, 265.685 titulados y 3.549 sociedades.

El incumplimiento de funciones como revisor fiscal al no pronunciarse oportunamente sobre irregularidades en la sociedad es la conducta más sancionada.

Para Carlos A. Molano, el proyecto de ley es un retroceso para la profesión y para el país.

Para el expresidente de la República, César Gaviria, este proyecto no tiene futuro alguno.

Oscar Darío Pérez tampoco está de acuerdo con la propuesta tramitada.

Leonardo Mora y Boris Forero dicen que, por el COVID-19, en materia de riesgos surgen conceptos como el dinamismo del riesgo, a los que los auditores deben estar atentos.

Se pueden presentar demoras en la preparación y entrega de información, e incremento en las deficiencias de control.

Carlos A. Molano, consejero del CTCP, indica que el proyecto significa un retroceso en la profesión y para el país.

Diversos líderes políticos titulados como contadores públicos han mostrado rechazo al proyecto de ley que quiere eliminar la Contaduría General de la Nación.

Para Luis Alonso Colmenares, se debe trabajar en diseñar un sistema integrado de información financiera que administre la Contaduría General de la Nación.

Es momento de discutir sobre la contabilidad como objeto del conocimiento y sobre la contaduría pública como una práctica social.

Luis Alonso Colmenares afirma que proponer eliminar la Contaduría General de la Nación es absurdo.

Órganos de la profesión deben asumir una postura, pero no se han manifestado.

Comunidad contable espera que sus líderes se comporten como tal para seguirlos y apoyarlos en el proceso que corresponda.

Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en el país es el tráfico de drogas.

En Colombia existe también la corrupción privada, no solo la pública, y es menester que los revisores fiscales estén atentos a esto.

Quien ingrese al Muisca ya puede solicitar la numeración del documento soporte, aunque este estará disponible el 15 de agosto.

La factura de talonario o de papel se usará en caso de contingencias.

Los documentos electrónicos no se están transmitiendo como sí se hace con la factura electrónica.

El joint venture es un contrato consensual donde las dos partes hablan y determinan cómo se va a llevar a cabo el negocio.

Lo que es propio de esta modalidad es que se concrete una aventura en particular, cuya realización tiene necesariamente una duración en el tiempo.

Normas Internacionales de Auditoría deberían ser exigidas únicamente para las empresas que cotizan a bolsa.

Hablar de revisoría fiscal es hacer énfasis en que se requiere de un modelo de revisión enfocado en el cumplimiento y en la vigilancia integral.