Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Hasta nuestros días, la corrupción acompaña el recaudo de impuestos. Evidentemente, su manejo “político” hace que no esté sometido a una buena administración. Cuando un país está en desarrollo, con una clase pudiente muy pequeña, los motivos para no pagar impuestos abundan.
En este consultorio, el Dr. Diego Guevara, especialista en temas contables y tributarios, resuelve las principales inquietudes relacionadas con el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio aplicado sobre las diversas obligaciones fiscales.
¿Cuál es el régimen sancionatorio que recae en la omisión de activos, defraudación fiscal o evasión tributaria?
El nuevo artículo 434B de la Ley 599 de 2000, creado con el artículo 63 de la Ley 1943 de 2018, aplica a los contribuyentes de cualquier régimen, sea ordinario, especial o simple, que dejen de presentar sus declaraciones, o que incluyan en ellas valores falsos por costos, retenciones y anticipos.
El 8 de agosto de 2019 las autoridades anunciaron el desmantelamiento de un nuevo “cartel de evasión del IVA” el cual vendió facturas falsas durante unos 12 años a cerca de 2.000 empresas nacionales y multinacionales. A estas empresas se les podría aplicar el nuevo delito de defraudación fiscal.
Una de las novedades que presenta la Ley de financiamiento 1943 de 2018 es la creación del delito de defraudación o evasión tributaria. Quien lo cometa podría verse privado de la libertad y obligado a pagar multas. Explicamos detalladamente las situaciones en que la evasión se penalizará con cárcel.
La ley 1762 del 6 de julio de 2015 tiene por objeto modernizar y adecuar la normativa existente a la necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y organizaciones incursas en operaciones ilegales de contrabando, lavado de activos y defraudación fiscal.
La ley moderniza y adecua la normativa necesaria para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la defraudación fiscal y el favorecimiento de esas conductas; para fortalecer la capacidad institucional del Estado; para establecer mecanismos que faciliten que los autores y organizaciones dedicadas o relacionadas con este tipo de actividades sean procesadas y sancionadas por las autoridades competentes; y para garantizar la adopción de medidas patrimoniales que disuadan y castiguen el desarrollo de esas conductas.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
