Decreto

A través del Decreto 644 de mayo 11 de 2020, el Ministerio de Hacienda reglamentó el numeral 13 del artículo 424, los numerales 6 y 7 del artículo 477 y el artículo 850 del Estatuto Tributario –ET–, en relación con los bienes exentos y excluidos del IVA, control tributario y aduanero en zonas especiales, y las solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor en las declaraciones del IVA.

Así, el decreto desarrolla las definiciones y controles tributarios en la comercialización, así como los aduaneros en la importación, y los documentos necesarios para la procedencia de la exclusión del IVA en el consumo humano y animal; vestuario; elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario; materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada; y para las exenciones previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 477 del ET.

Además, establece los documentos necesarios que deberán anexarse a la solicitud de devolución y/o compensación de los saldos a favor en las declaraciones del IVA, originados por los impuestos descontables en la producción y comercialización de los bienes de que tratan los artículos en cuestión.

A través del Decreto legislativo 639 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por la contingencia del COVID-19, crea el programa de apoyo al empleo formal –Paef–, por medio del cual se otorgará un subsidio equivalente al 40 % ($351.121) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente para el pago de la nómina de cada empleado de las empresas pequeñas, medianas o grandes que hayan sufrido una reducción del 20 % en su facturación o ventas en comparación con el mes de abril de 2019.

A través del Decreto 636 de 2020, el Ministerio del Interior imparte medidas para el mantenimiento del orden público durante la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19; entre las que se encuentran el ordenamiento del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo de este año y la autorización para la circulación de personas que requieran y/o presten determinados servicios.

A través del Decreto 637 de mayo 6 de 2020, el Gobierno nacional decretó un nuevo estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio colombiano, en aras de enfrentar los efectos de la crisis derivados de la propagación del COVID-19 en el país.

Así, dicho estado de emergencia tendrá lugar entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2020, período durante el cual el Gobierno adoptará medidas mediante decretos legislativos, además de las medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

A través del Decreto 611 de 2020, el Departamento Administrativo de la Función Pública autoriza el pago de horas extra, dominicales y festivos para los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial del Instituto Nacional de Salud, cualquiera sea su remuneración salarial y durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, esto es, hasta el 30 de mayo de este año.

A través del Decreto 607 de abril 29 de 2020, el Ministerio de Salud corrigió errores formales en el Decreto Legislativo 538 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.

En este sentido, el artículo 1 del decreto en cuestión corrigió el yerro contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 538 de 2020 para hacer referencia expresa al Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud –Fonsaet–.

A través del Decreto 598 de abril 26 de 2020, el Ministerio de Hacienda reglamentó los artículos 894 al 898 del Estatuto Tributario relacionados con el régimen de las compañías holding colombianas –CHC–, creado mediante el artículo 77 de la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019.

Así pues, con el decreto en cuestión se definieron los requisitos y documentación necesaria para acceder a este régimen, así como las demás disposiciones que deberán tenerse en cuenta al momento de tributar bajo el mismo.

A través de la Circular 0033 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó los mecanismos adicionales a los previstos en la Circular 021 de 2020 para que los empleadores puedan proteger el empleo.

Entre dichos mecanismos se encuentran el otorgamiento de licencias remuneradas compensables, modificación de la jornada laboral, concertación del salario conforme lo establece el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, la modificación o suspensión de beneficios extralegales y la concertación de beneficios convencionales.

A través del Decreto 582 de 2020, el Ministerio del Trabajo implementó medidas para la protección de los derechos de los pensionados, los beneficiarios de los beneficios económicos y periódicos –BEPS– y los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión –PSAP–, con ocasión del COVID-19.

Entre dichas medidas se encuentran la modificación temporal y parcial del artículo 2.2.14.1.24 del Decreto 1833 de 2016, en el sentido en que los afiliados al programa PSAP no perderán su condición de beneficiarios por la causal establecida en el numeral 4 del mencionado artículo.

A través del Decreto Legislativo 565 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó que durante la vigencia fiscal de 2020, las contingencias derivadas de los desbalances financieros que se generen cuando el valor presente actuarial de la reserva matemática de las anualidades vitalicias, derivadas del mecanismo de los beneficios económicos periódicos –BEPS–, supere el valor del portafolio a precios de mercado, se pagarán con los recursos del presupuesto asignado al servicio social complementario de los BEPS, previo concepto favorable de la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos.

A través del Decreto Ley 568 de 2020, el Ministerio de Hacienda creó, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020, el impuesto solidario por el COVID-19, el cual tendrá destinación específica para la inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales.

Este impuesto estará a cargo de servidores públicos y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios con salarios mensuales periódicos y honorarios mensuales iguales o superiores a $10.000.000; así como también, los pensionados con mesadas pensionales de las megapensiones ($10.000.000).

La causación del impuesto solidario por el COVID-19 es de carácter instantáneo y se causa al momento del pago o abono en cuenta de los salarios, honorarios o megapensiones mensuales periódicas.

La base gravable de este impuesto se encuentra integrada por el valor del pago o abono en cuenta de $10.000.000 de los sujetos pasivos. Cabe señalar que el primer $1.800.000 del pago no integrará la base gravable del impuesto solidario.

A través del Decreto Legislativo 553 de 2020, el Ministerio del Trabajo define la transferencia económica no condicionada para los adultos mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del programa Colombia Mayor, y se define la transferencia de recursos al fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante administrado por las cajas de compensación familiar para la entrega de los beneficios del mecanismo de protección al cesante de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 488 de 2020.