Jurisprudencia / Sentencias

Para que se configure la causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación, derivado del cumplimiento de dos supuestos:
En primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.
Por lo anterior, el Consejo de Estado concluye que el riesgo puede ser directo o indirecto.

La Corte Constitucional afirmó que el tipo de vinculación laboral no ha sido un obstáculo para conceder la protección de estabilidad laboral reforzada, y aceptó que la misma procede en contratos de prestación de servicios independientes.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el trámite de cobro coactivo implica la preexistencia de un acto administrativo ejecutoriado que imponga la obligación de pagar una suma de dinero, en los casos previstos en la ley, a favor de la nación, de una entidad territorial o de un establecimiento público.
Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario señala que, contra el mandamiento de pago proceden 7 excepciones, dentro de las cuales la última corresponde a “la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”, por lo cual esta impide adelantar el cobro coactivo cuando la deuda que se pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos a los que el ordenamiento tributario reconoce como títulos ejecutivos.

Mediante la Sentencia 20607 de 2018, el Consejo de Estado reitera que el hecho de que mediante ley se ordene efectuar la retención en la fuente al momento de pago o abono en cuenta, no faculta a los contribuyentes para que elijan el período en que pueden deducirlas del impuesto sobre la renta, ya que estas solo se pueden detraer en el período en el que se incluya el ingreso del cual se derive.
Puesto que, aunque en los artículos 365 a 367 del ET se establece que dicha retención se efectúa sobre pagos o abonos en cuenta, ello no afecta el criterio de la anualidad respecto al impuesto de renta y la determinación del pago del impuesto por cada año gravable.

El Consejo de Estado, mediante la presente sentencia resaltó que en el régimen de precios de transferencia supone la aplicación de precios del mercado en las operaciones de financiamiento, cuya consecuencia lógica deviene en la no aplicación de la presunción de intereses presuntos. Por lo anterior, se declara la nulidad de los oficios 066668 de 2008 y 058444 de 2013, puesto que la presunción de que trata el artículo 35 del ET se aplica en las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que no están sometidos al régimen en mención.
También se concluye que no es acertado afirmar que con la entrada en vigor del régimen de precios de transferencia se haya derogado tácitamente el artículo 35 del ET.

Mediante la presente sentencia, la Corte Constitucional recordó las consecuencias derivadas de la falta de afiliación de los trabajadores al sistema pensional, lo cual pondría en riesgo los derechos fundamentales de estos tales como el mínimo vital, la dignidad humana, entre otros.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que para que los certificados expedidos por el contador público o el revisor fiscal sean válidos, deben llevar al convencimiento del hecho a demostrar y estar sujetos a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, concluye que el emplazamiento pierde sustento cuando se profiere luego de que se ha practicado la inspección tributaria, pues en ese momento la administración ya tiene elementos probatorios.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaro inexequible la expresión: “El Gobierno podrá establecer una disminución gradual del porcentaje del costo presunto definido en el presente artículo, en consideración al monto de los ingresos gravados de los productores durante el correspondiente año gravable”, contenida en el artículo 46 de la Ley 1819, ya que dicho aparte implicaba que el Gobierno presentara facultades para alterar por decreto la base gravable del impuesto.
De igual manera, se declaró inexequible el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, puesto que establecía tratamientos tributarios favorables, que consistían en la disminución de sanciones e intereses originados a partir de obligaciones tributarias consolidadas.

La Corte Constitucional admitió la demanda contra el numeral 1 del artículo 126 del ET, modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 2016, en lo referente a las deducciones por concepto de contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios.
Por lo anterior, el demandante considera que en dicha norma se excluyen los aportes realizados al sistema de beneficios económicos periódicos –BEPS–, los cuales son un servicio social complementario del sistema general de pensiones, por lo cual la misma incurrió en omisión legislativa.

Mediante la presente sentencia, la Corte Suprema de Justicia recordó que los servidores públicos que cumplan con la edad para retiro forzoso y manifiesten la imposibilidad de seguir cotizando al régimen de pensiones, serán beneficiarios de la indemnización sustitutiva de la pensión vejez.

Mediante la presente doctrina, la Dian reitera que la reducción del valor nominal de las acciones no da origen al cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 36 del ET, la cual se genera cuando el resultado sea una “readquisición de acciones”.