Ley

Mediante la Ley 2208 de 2022, expedida el 17 de mayo, el Congreso de la República estableció incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población pospenada, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República expidió la Ley 2208 de 2022, Ley de Segundas Oportunidades, cuyo objetivo es crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. Esto, mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que impacten positivamente la estructura de costos de las empresas en relación con la contratación de este tipo de talento humano.

Los incentivos contenidos en dicha ley aplicarán para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo para la población que haya cumplido su condena y recuperado su libertad por la comisión de los delitos en Colombia, de acuerdo con la Ley 599 de 2000, o en el exterior; o que o se encuentre con prisión domiciliaria, con permiso de trabajo, con suspensión de la ejecución de la pena o con libertad condicional.

El Congreso expidió la Ley 2199 de 2022, mediante la cual adopta el régimen especial para la Región Metropolitana Bogotá, autorizando a imponer sobretasas a los impuestos administrados por las entidades asociadas.

La presente ley tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos. Esto con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.

En materia contable la presente ley aborda temas referentes al registro contable de transacciones y las sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de contabilidad.

En cuanto a la labor del revisor fiscal, este deberá verificar el cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial y emitir una opinión sobre estos. Así mismo, la ley establece la obligación de denunciar conductas punibles relacionadas con la administración pública.

Mediante la Ley 2191 de 2022, el Congreso de la República estableció las medidas que tienen por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en Colombia, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los períodos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Mediante la Ley 2174 de 2021 o Ley Isaac, el Congreso de la República establece las condiciones para otorgar una licencia laboral remunerada para uno de los padres o quien detente la custodia y cuidados personales de un menor de edad que padezca una enfermedad severa o condición terminal.

Mediante la Ley 2173 de 2021, el Congreso de la República estableció medidas de restauración ecológica mediante la siembra de árboles y creación de bosques. A su vez, estableció disposiciones de responsabilidad civil ambiental para las empresas.

Mediante la Ley 2161 de 2021, el Congreso de la República estableció medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito –Soat–. Estas nuevas disposiciones modifican la Ley 769 de 2002.

Con la Ley 2159 de 2021, Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia de los decretos ley 560 y 772 de 2020 y sus decretos reglamentarios, los cuales establecen mecanismos para atender de manera oportuna las dificultades financieras de los empresarios, así como un proceso especial de insolvencia para las micro y pequeñas empresas, y otros mecanismos que ofrecen soluciones especiales para afrontar eficazmente las consecuencias de la pandemia.

Estas herramientas permiten contar con un régimen de insolvencia flexible para la reorganización ágil y efectiva de las empresas viables, o su pronta liquidación en caso de no ser viables, para que recirculen los activos en la economía, generando una mayor dinámica económica y crecimiento.

Mediante la Ley 2157 de 2021, el Congreso de la República modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data en relación con la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

La presente Ley de Inversión Social 2155 de septiembre 14 de 2021 es formalmente la tercera reforma tributaria del presidente Iván Duque; sin embargo, puesto que desde que inició su mandato en 2018 el presidente Duque ha emitido al menos otras siete normas que podrían considerarse reformas tributarias por su significativo impacto en el sistema tributario nacional, podríamos decir que esta es, en realidad, la octava reforma tributaria del mandatario.

Esta ley inició su tránsito legislativo el 20 de julio de 2021 siendo una versión muy distante del proyecto radicado el 15 de abril de 2021 que, a causa del paro nacional que generó, fue retirada el 2 de mayo de 2021 por orden del primer mandatario.

Así, la Ley 2155 dispone, entre otros elementos, una nueva tarifa general del impuesto de renta de las personas jurídicas a partir del año 2022, que ascendería al 35 % (para el año gravable 2022, dicha tarifa estaba inicialmente reglamentada en un 30 %). Además, las entidades financieras con una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT pagarán 3 puntos porcentuales más sobre dicha tarifa, tributando entonces con un 38 % entre los años 2022 y 2025.

De igual forma, esta ley da lugar a la ampliación de la cobertura del régimen simple de tributación al aumentar el umbral para acceder a 100.000 UVT (aproximadamente $3.630.800.000 para 2021); anteriormente, estaba limitado a 80.000 UVT.

De igual forma, la nueva norma da vía libre para el establecimiento de forma anual y mediante decreto de la exención especial de los tres días sin IVA.

La Ley 2154 de 2021 tiene como propósito establecer los beneficios tributarios con ocasión de la realización de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2022, Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022.

La ley establece que estarán exoneradas de responder por el impuesto de renta, de ganancia ocasional e IVA las siguientes entidades: Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), Comité Paralímpico Internacional de América –IPC Américas–, Federación Colombiana de Atletismo y la Organización Deportiva Bolivariana –Odebo–.

En vista de lo anterior, cualquier pago que se realice a tales entidades durante el desarrollo del evento (por ejemplo, por permitir pautas publicitarias en los estadios) no estará sujeto a retenciones en la fuente a título de renta.