Resolución

A través de la Resolución 735 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el protocolo de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico, con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y sus familias frente a los riesgos que representa el COVID-19.

El protocolo va dirigido a centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales.

En razón a las nuevas medidas de aislamiento preventivo obligatorio tomadas por el Gobierno nacional a causa de la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), la nueva emergencia económica, social y ecológica declarada en el país por medio del Decreto 636 de mayo 6 de 2020, además de las continuas peticiones realizadas por los contribuyentes respecto a esta situación y la forma en que está afectando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Dian expidió la Resolución 000046 de mayo 7 de 2020, para realizar la ampliación de los plazos de presentación de la información exógena tributaria del año gravable 2019 para los grandes contribuyentes.

Tales plazos no habían sido modificados por la Resolución 000027 de 2020, por lo que estaban contemplados entre el 15 y el 29 de mayo, de acuerdo con la versión original de la Resolución 011004 de 2018. Con la nueva Resolución 000046 se indica que los grandes contribuyentes deberán cumplir con este requerimiento tributario entre el 9 y el 24 de junio del año en curso.

Dian expide la Resolución 000045 de 2020, a través de la cual prescribe, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el formulario 210 para el año gravable 2019 o fracción 2020 y el formulario 445 para el año gravable 2020 empleado en la declaración de normalización tributaria , y se modifica la Resolución 000019 del 10 de marzo de 2020 respecto al formulario 220.

A través de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, la Dian estableció nuevas disposiciones en torno a los sistemas de facturación, proveedores tecnológicos, registros de la factura electrónica, así como el nuevo calendario aplicable para su implementación. Lo anterior, acorde a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 de 2019 y el Decreto 358 de 2020.

Así, dicha resolución establece las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, trasmisión, validación, expedición y entrega de la facturación electrónica al adquiriente. Además de señalar que la factura electrónica con validación previa y los demás sistemas de facturación vigentes son considerados como soportes de las ventas y/o prestación de servicios y, por tanto, son procedentes para la solicitud de costos, deducciones e impuestos descontables.

La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 y el 31 de abril de 2020 en la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 18,19 % EA, siendo la tasa de usura para el mismo período de 27,29 %.

Mediante la Resolución 000038 de abril 30 de 2020, la Dian implementó la notificación electrónica prevista en los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario –ET–.

Así pues, esta forma de notificación se surte cuando la Dian pone en conocimiento de los contribuyentes, a través del correo electrónico reportado el RUT, los actos administrativos en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Lo anterior, en atención a las modificaciones efectuadas por la Ley 2010 de 2019 al artículo 566-1 del ET.

A través de la Resolución 686 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social modifica la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– para efectos de realizar el aporte al sistema de pensiones sobre el 3 % del ingreso base de cotización –IBC–.

Esta medida tiene como finalidad ser un alivio para las empresas por la afectación económica que haya podido traer consigo el estado de emergencia a causa del COVID-19.

A través de la Resolución 0498 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó los subsectores de la economía y sus cadenas a los cuales se les permite el derecho de circulación; es decir, pueden retomar el inicio de sus actividades laborales.

Entre dichos sectores se encuentran la fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, fabricación de papel y cartón y la fabricación de productos elaborados de metal.

A través de la Resolución 000666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el protocolo de bioseguridad que deberán seguir, entre otros, las empresas del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas y contratantes para evitar la propagación del COVID-19.

Estas medidas deberán ser adoptadas con la asesoría de las administradoras de riesgos laborales –ARL– según las necesidades particulares de cada sector productivo.

A través de la Resolución 000035 de abril 22 de 2020, la Dian prescribió el formulario 2593 para la presentación de los anticipos bimestrales del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación correspondiente a los bimestres del año gravable 2020 y siguientes.

Esta resolución señala que los contribuyentes obligados a presentar el recibo electrónico de pago deberán hacerlo a través de los servicios informáticos, utilizando el instrumento de firma electrónica autorizado por la Dian.

Por medio de la cual, la Junta Central de Contadores –JCC– suspende los términos de sus actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario, hasta tanto permanezca la medida de aislamiento ordenada por el presidente de la República como consecuencia del COVID-19.

Dian expide la Resolución 000040 de 2020, a través de la cual se flexibilizan transitoriamente algunas disposiciones para la obtención del RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generado por la propagación del COVID-19.

Así, dicha resolución establece que, cuando la inscripción en el RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia obligados a cumplir deberes formales y los prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA (de los que tratan el artículo 326 y el parágrafo 2 del artículo 437 del Estatuto Tributario –ET–) se realice a través de apoderado, podrán aportar en copia simple los documentos previstos en los numerales 5 y 11 del artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016, en el idioma original, sin necesidad de apostilla ni traducción oficial.