El Gobierno sancionó la presente ley, que nace de la necesidad de una cooperación entre el Estado y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los legítimos intereses en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información.
A su vez, dicho convenio resulta necesario para prevenir a los ciudadanos en temas que atañen a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas redes y datos, así como el abuso de dichos sistemas y la tipificación de delitos, con la finalidad de facilitar su detección e investigación a nivel nacional e internacional.