Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El alcance de la Ley 1386 de 2010 implica que las entidades territoriales están legalmente impedidas para suscribir cualquier tipo de contrato en el que se deleguen la administración, fiscalización, liquidación e imposición de sanciones de los tributos por ellas administrados en cualquier tercero.
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