La Dian, mediante el presente concepto, se pronuncia en lo referente a la exención en el pago de impuesto de timbre para los pasaportes de trabajadores manuales y, a su vez, confirma los documentos a través de los cuales es posible probar la calidad de residentes en Venezuela, Ecuador y Panamá.
La Dian precisa que, si los servicios de diseño, construcción, y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra son prestados por empresas o personas diferentes a las entidades descentralizadas del orden nacional del sector defensa, será causado el impuesto sobre las ventas.
La Superintendencia de Sociedades señala que, en su gran mayoría, los papeles de comercio pueden ser objeto del derecho de inspección; sin embargo, algunos de dichos papeles podrían resultar cobijados por la restricción legal señala en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, en la medida en que incorporen o respondan a un secreto industrial, comercial o incluyan datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad; circunstancia que, inexorablemente, queda bajo la responsabilidad exclusiva de la administración, la cual cuenta con todos los elementos de juicio para definir si es posible negar el acceso a la información.
El contrato de compraventa con pacto de retroventa, celebrado entre una compraventa (régimen común) y una persona natural sin RUT, no se encuentra dentro de los documentos establecidos de manera taxativa por el legislador como equivalentes a la factura.
Respecto a la manera en que se deben manejar los pagos por canon de arrendamiento hechos por anticipado, el CTCP precisa que deben ser reconocidos como pasivos, y se van reconociendo en la medida que se cumplan los criterios establecidos en el marco técnico normativo; en cuanto al pago de los cánones de arrendamiento al propietario del inmueble, dependerá de la relación contractual convenida. En cuanto al manejo de los ingresos por abonos de realizados por clientes que están adquiriendo apartamentos sobre planos, el registro dependerá del contrato que se haya firmado entre las partes, ya que, en la gran mayoría de estos proyectos, interviene la constructora, la comercializadora, la entidad financiera y el cliente.
El IVA de los activos de capital corresponde a una deducción, siempre y cuando, se recupere solo en una parte proporcional dicho valor. Por tal razón, no corresponde a un impuesto recuperable.
El artículo 170 del Decreto Ley 1333 de 1986 establece que los bienes de los municipios no pueden ser gravados con impuestos directos nacionales, departamentales o municipales. Esta prohibición de gravar los bienes de los municipios tanto con impuestos nacionales, como departamentales o municipales, aplica por disposición de la ley sin que sea necesario que la adopten los entes territoriales en sus estatutos tributarios. En consecuencia, los predios de propiedad del municipio no pueden ser gravados con impuesto predial unificado ni con ningún otro impuesto, independientemente de que se trate de bienes de uso público o de bienes fiscales. Debe precisarse que la prohibición aplica para los predios de propiedad del municipio en su nivel central, es decir que la mencionada prohibición no se extiende a los predios de propiedad de sus entidades descentralizadas.
El Ministerio de Hacienda señala que, solo el Congreso por atribución expresa en la Constitución, está facultado para crear las leyes y, a través de ellas, establecer los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) que posteriormente han de ser adoptados por las entidades territoriales, de acuerdo con los artículos 287 y 313-4 de la Carta Política. De esta forma, en desarrollo de la autonomía que les asiste a las entidades territoriales, es facultad exclusiva de estas, a través de sus corporaciones públicas (concejos municipales o asambleas departamentales), establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, previamente creados por el Congreso, y dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. En consecuencia, el municipio no se encuentra habilitado para adoptar el tributo Pro-estampilla Hospital Carlos Torrente Llano ESE, hasta tanto no se cree como tributo del orden territorial por una Ley del Congreso.
El Ministerio de Hacienda señala que, de conformidad con lo prescrito en los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1969 y 102 del Decreto 1848 de 1969, la acción para el cobro de obligaciones laborales prescribe a los tres años, contados a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación. El simple reclamo escrito del trabajador, interrumpe el término de prescripción, por un lapso igual.
Cuando un contribuyente corrige su declaración en ocasión a la respuesta de un requerimiento especial (corrección provocada), debe limitarse a corregir lo que la Dian le ha expuesto en las glosas, pues, de no hacerlo, dicha declaración no tendrá validez alguna.