Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica, no especifica cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de que el firmante no cumpla con sus obligaciones, sin embargo, la consecuencia jurídica en caso de incumplimiento de las mismas y la configuración de perjuicios frente al receptor del documento, recaerá sobre el firmante dada su conducta omisiva.
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