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Con el Concepto 34419 de 2022, el Ministerio de Hacienda aclaró que las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito o débito, agentes retenedores, no deben confundirse con los contribuyentes del respectivo impuesto de industria y comercio.
Con el Concepto 34362 de 2022, el Ministerio de Hacienda señaló que las actividades de economía digital podrían estar gravadas con el impuesto de industria y comercio.
Con la inexequibilidad de las normas sobre seguridad social contempladas en la Ley 1955 del 2019, respecto a la forma de cotización obligatoria al sistema por parte de trabajadores independientes, quedaron muchas dudas e interrogantes a resolver.
A continuación, resolveremos algunas de ellas.
Por medio de esta circular, el Ministerio de Salud recomienda a los departamentos y distritos la generación de una hoja de ruta que considere 5 líneas estratégicas para fortalecer la inclusión y atención de la población migrante venezolana en el sistema general de seguridad social en salud.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1601 de 2022, con el cual se establece el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente al de prestación de servicios
Dian expidió la Resolución 001210 de 2022, mediante el cual establece el procedimiento para presentar la declaración informativa de precios de transferencia –formulario 120– y la notificación del informe país por país, así como la presentación del informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dian, para los años gravables 2021 y siguientes.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 1611 de 2022 a través del cual se modifica el anexo técnico de información financiera para el grupo 1. Este decreto modifica las NIC 1, 8 y 12 y la NIIF 16 dispuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 1-2019, de las Normas de Información Financiera, grupo 1 del Decreto 2270 de 2019, modificado por el anexo técnico Modificación a la NIIF 16 del anexo técnico compilatorio y actualizado 1-2019, de las Normas de Información Financiera, grupo 1 del Decreto 1432 de 2020 y el Anexo técnico 2021, de las normas de información financiera, grupo 1 del Decreto 938 de 2021. Todos compilados en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, con el anexo denominado Anexo técnico 2022, de las Normas de Información Financiera, grupo 1, el cual hace parte integral del presente decreto.
Mediante la Resolución 001212 del 5 de agosto de 2022, la Dian señaló que la implementación del mecanismo de facturación del impuesto sobre la renta y complementario se llevará a cabo a partir de la entrada en vigor de la resolución en mención. Por tanto, las facturas del impuesto sobre la renta que se envíen podrán comprender el año gravable 2021, en el cual entró en aplicación la Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se estableció el mecanismo de facturación del impuesto de renta.
El CTCP señala en el Concepto 0406 de 2022 que debe revisarse la propuesta económica del revisor fiscal al efectuar su nombramiento, pues existen funciones que se cumplen de forma mensual, y otras, como la del dictamen de los estados financieros, que podrían cubrir períodos anteriores a su vinculación.
A través de la Circular Externa 0040 del 4 de noviembre de 2022, el Ministerio del Trabajo recuerda cuáles son los requisitos para acreditar la condición de madres y padres cabeza de familia para obtener beneficios como el de la estabilidad laboral reforzada o retén social de los trabajadores.
La Dian incluye una casilla en algunos formularios para reportar el “código de la actividad económica principal” que corresponde a la actividad que generó el mayor valor de ingresos en el período gravable por declarar, pero no especifica la incidencia de que dichos ingresos sean no operacionales.
Las personas naturales que no revelen el verdadero precio de venta de los bienes raíces en las escrituras públicas se exponen a consecuencias tributarias y penales. Una mejor opción es definir el costo fiscal de los bienes raíces con el beneficio tributario que les contempla el artículo 73 del ET.